El régimen de Daniel Ortega investiga a siete comerciantes que se dedicaban a rifar artículos o dinero entre sus clientes en Managua. Fueron detenidos la semana pasada y llevados a los juzgados, donde la Fiscalía solicitó que estuvieran 90 días en prisión preventiva para ser «investigados».
Según información obtenida por La Prensa, los riferos, como son conocidos popularmente, fueron acusados por la fiscal Inés Miranda Espinoza, quien solicitó el pasado viernes, 28 de octubre, que se les celebrara la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales para ampliar el plazo de investigación.
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El Poder Judicial acusa a los riferos Jarvin Steven Herrera Minott, de 25 años, habitante de Carretera a Masaya; Jairo Anderson Durán Rodríguez, de 52 años, del barrio San Luis Norte; Luisa Amanda León, de 54 años, de Residencial Los Arcos; Amalia Margarita Rocha Rodríguez, de 47 años, de Urbanización Altos de la Sabana; Reynel Martín Chávez Castro, de 29 años, de Carretera a Masaya; Jossie Alberto Luna Ramírez, de 30 años, de Villa Fontana; y Christopher Joshua Ramírez Barboza, de 24 años, también de Villa Fontana, por el supuesto delito de defraudación tributaria, competencia desleal y portación ilegal de armas de fuego.
La fiscal Inés Miranda solicitó que se aplicara a la acusación calidad de «tramitación compleja», lo que indica que los plazos serían duplicados como se hace en los casos de gran complejidad como crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas.
El juez Rolando Sanarrusia manifestó que «haciéndose notar la existencia de una presunta organización delictiva vinculada a hechos delictivos graves» consideraba que era una «investigación de naturaleza compleja» que justifica que estén detenidos 90 días.
Extraoficialmente La Prensa conoció que la competencia desleal de la que también son señalados los riferos es en perjuicio de la empresa extranjera Loto de Nicaragua. Pero en la acusación solo sale reflejado como víctima el Estado de Nicaragua.
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Según la Fiscalía, la Policía tiene que revisar 82 equipos electrónicos, además están esperando la información de «movimientos económicos» y los informes de la Lotería Nacional.
En agosto de este año, la dictadura cerró 38 sucursales de la Casa de Empeños Prisa, fueron allanadas el 15 de agosto, por tropas especiales de la Policía. Los ejecutivos de la empresa afirmaron que en el cateo incautaron oro y plata por un valor aproximado de 3 millones de dólares. La Policía también allanó la casa del dueño y detuvo al gerente de la empresa que radicaba en Managua.