El régimen de Daniel Ortega aumentó a más 400 millones de dólares los daños económicos ocasionados por el ciclón Julia. La cifra fue divulgada por el ministro de Hacienda, Iván Acosta, tras la sesión de trabajo de la Comisión encargada de evaluar y cuantificar los daños y pérdidas por el huracán.
Los funcionarios aún no han brindado un informe final; inicialmente, calcularon las pérdidas en al menos 200 millones de dólares, pero diez días después del impacto de Julia la cifra incrementó el doble.
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Pero, según Acosta, esta información preliminar es «prácticamente conclusiva y con muy pocas variaciones en el futuro».
Las afectaciones se registraron en 96 municipios del país, con mayor impacto en Corn Island, El Rama, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Bluefields, El Tortuguero, La Desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande, Juigalpa, Teustepe, y en los distritos cinco, seis y siete de Managua.
Sin embargo, ni el mandatario Daniel Ortega ni su vicepresidenta, Rosario Murillo, han visitado las zonas. El exembajador Arturo McFields manifestó que «no se puede gobernar un país solo por teléfono o encerrado en un búnker»:
Sin embargo, el primero en auxiliar a Ortega fue Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien llegó a Managua para anunciar la donación de medio millón de dólares para enfrentar los daños causados por el huracán.
Mossi dijo ante medios oficialistas que «el directorio aprobó esta cooperación no reembolsable de emergencia para ayudar los esfuerzos de salvar vidas y proteger a aquellos que han sufrido».
Para el economista y analista política Enrique Sáenz, la cooperación de Mossi a Ortega «no sorprende» porque el representante del banco regional ha demostrado ser un «cómplice» del dictador.
La Fiscalía acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticia falsa en perjuicio del Estado nicaragüense.
El párroco de la iglesia Santa Martha fue encarcelado la tarde del jueves, 13 de octubre, mediante un violento operativo policial, según denuncias; convirtiéndose en el noveno sacerdote detenido en los últimos seis meses.
La acusación fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas ante la jueza sandinista Karen Chavarría Morales, un día después del arresto arbitrario del religioso.
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Por su parte, la familia del sacerdote Martínez presentó el martes un recurso de exhibición por detención ilegal contra el comisionado general Luis Pérez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el cual se encuentra en trámite.
El padre Martínez Gamboa es un crítico de la dictadura de Nicaragua, recordado por su discurso dirigido a los ciudadanos que participaban en la denominada «Madre de Todas las Marchas» en 2018.
Ese día, en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), tomó el micrófono cuando paramilitares y policías atacaban a participantes, y pidió a los jóvenes que «no se acobarden», al tiempo que llamó «pareja asesina» a Ortega y a Murillo.
La magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote».
El martes, 18 de octubre, la funcionaria fiel a la pareja presidencial, fue llevada al reconocido centro de torturas, días después de haber sido removida de sus cargos administrativos en los departamentos de Rivas y Granada, lo que podría significar que el régimen la sometió a una investigación.
La magistrada tenía dos años en ese puesto, su función principal eran los casos que llegaban a la Sala Civil. El arresto de la magistrada ocurre luego de la detención del vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, en medio de despidos y renuncias de funcionarios simpatizantes del régimen.
El régimen de Daniel Ortega fue el máximo ausente en la sesión pública entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Estado de Nicaragua, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La reunión se convocó para revisar el cuarto informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional, en la que se discutieron 29 temas, incluido la censura a la prensa, las irregularidades de las elecciones, la situación de los presos políticos, entre otros.
El Comité alertó que «resulta claro que la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave» desde las protestas sociales de 2018.
La presa política nicaragüense Suyen Barahona ahora tendrá una nueva voz que demandará su libertad en las más altas esferas políticas europeas, se trata de la eurodiputada española Soraya Rodríguez, del partido político Ciudadanos, quien apadrinó a la dirigente como parte de la campaña «Rompiendo las cadenas» en pro de los presos políticos del mundo.
La Fiscalía acusó formalmente al vocero de la Corte Suprema de Justicia Roberto Larios Meléndez, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, confirmaron a La Prensa fuentes ligadas al Poder Judicial.
Aunque hasta el momento se desconocen oficialmente las causas de la detención, de acuerdo con los medios nacionales, su arresto se originó después de filtrar información a un medio independiente que está en el exilio. También se presume que Larios mantenía comunicación con el exmagistrado Rafael Solís, sin embargo, ninguna de las informaciones es confirmadas.
El también periodista y abogado llevaba más de 20 años en la vocería del Poder Judicial, señalado como fiel seguidor a las políticas del régimen Ortega-Murillo y sumiso a las disposiciones de la sancionada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos.
