Los familiares de los presos políticos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», están preocupados por el régimen de incomunicación al que son sometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Han pasado 52 días desde la última visita realizada a finales de agosto.
«¡La salud y vida de las personas presas políticas está en riesgo!», alertaron los familiares en una declaración pública emitida este lunes, 17 de octubre. Además, afirman que si insisten en preguntar sobre cuándo podrán ver a los opositores, las autoridades de la DAJ «nos amenazan con no recibir el agua».
«En este tiempo de incomunicación, que es parte de la tortura psicológica que el régimen implementa para reprimir y afectarnos, no nos brindan información de cómo se encuentran», añaden.
Noticia relacionada: Presos políticos en «El Chipote» llevan 50 días sin visitas
Los parientes de los presos políticos alertaron del riesgo en la salud y la vida de Miguel Mendoza, Róger Reyes, Irving Larios y Dora María Téllez, quienes iniciaron el mes pasado una huelga de hambre como medida de presión para que se ponga fin a las condiciones inhumanas y les permitan ver a sus hijas.
«Es imperativo que se les brinde atención médica especializada, alimentación adecuada y la garantía al respeto a sus derechos humanos. Tememos que puedan morir en ese centro de tortura. Cada día que pasa, sus vidas corren mayor peligro», reclaman.
En la declaración reiteraron una serie de demandas, derechos que tienen las personas privadas de libertad y que han sido violados por la dictadura de Ortega y Murillo; entre ellas la comunicación con los niños y niñas. Estas son sus demandas:
- El cumplimiento del “Código de la Niñez” y de la “Ley Penitenciaria”, las cuales facultan a los hijos el derecho a ver a sus padres; y a los reos, el derecho a ver y comunicarse con sus hijos.
- Comunicación a través de llamadas telefónicas, dibujos y mensajes de los hijos e hijas, menores o mayores de edad, y demás familiares que están fuera del país.
- Regularización de visitas periódicas cada 15 días para ver a nuestros familiares presos políticos y constatar su estado de salud.
- Que se nos brinde información de cómo se encuentran en los períodos entre visitas.
- Terminar con el confinamiento solitario y el aislamiento del mundo exterior.
- La liberación de las personas presas políticas y el respeto a sus derechos humanos.
Afirman que su «corazón está lleno de dolor y sufrimiento, y sentimos también por quienes están en los sistemas penitenciarios» y solicitaron a la población que «alcen sus voces y pidan junto a nosotros ¡Libertad inmediata y con garantías para las más de 219 personas presas políticas en Nicaragua!».
