La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco demandó este viernes suspender los juicios a todos los sacerdotes de Nicaragua, incluido cuatro acusados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, bajo el argumento de que se les ha violado el debido proceso.
“Demandamos la nulidad de los juicios contra todos los sacerdotes, sus procesos han estado llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos”, indicó la Unidad Nacional en una declaración pública.
Ese organismo opositor, que considera que los sacerdotes “son inocentes”, hizo pública esa declaración el mismo día en que estaba previsto el comienzo de una audiencia inicial contra cuatro curas, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Vega González.
También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cárdenas.
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Los cuatro presbíteros, los dos seminaristas y el laico fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
La titular del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Nalia Nadezha Úbeda Obando, a cargo del caso, convocó a las partes a la audiencia inicial este viernes, y aunque en la víspera aceptó el cambio de abogados defensores a los acusados, no se conocieron detalles de la vista de hoy.
SACERDOTES SIGUEN BAJO VIGILANCIA
El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron sustraídos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial “El Chipote”, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo.
Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra desde entonces bajo “resguardo domiciliar” en Managua, según la Policía Nacional, no ha sido formalmente acusado.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, acusa al jerarca y a sus colaboradores de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Según el acta de la acusación, los religiosos utilizaron redes sociales, radio difusoras, y el púlpito en las iglesias, entre el 4 y 6 de agosto pasados, para cometer los presuntos delitos, sin precisar.
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La semana pasada, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
El arresto de Álvarez y otros siete sacerdotes, incluido los cuatro acusados, es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
