El régimen de Daniel Ortega presentó 15 acusaciones en una semana en contra de religiosos, opositores, familiares de activistas y periodistas, alerta el reciente informe de la red Monitoreo Azul y Blanco publicado este sábado, ocho de octubre.
El equipo interdisciplinario informó que, del lunes 26 de septiembre al domingo 02 de octubre, registraron 21 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en Nicaragua, de los cuales, la mayoría corresponde a casos de judicialización.
Los procesados son activistas e integrantes de organizaciones políticas, sacerdotes y laicos de la diócesis de Matagalpa, familiares de miembros de la organizacion Unión Democrática Renovadora (UNAMOS) y trabajadores del diario La Prensa.
«Se continúan registrando detenciones arbitrarias de miembros de organizaciones políticas. Asimismo, esta semana se han registrado incidentes de tortura y malos tratos a personas presas políticas», indican.
También registraron la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, y la negación de ingresar al país de un sacerdote.
Según la gráfica compartida en sus redes sociales, los incidentes por día aumentaron en relación a la semana anterior a este monitoreo, alcanzando nueve casos en un solo día, el sábado 01 de octubre.
Además de los casos de criminalización, en esos días también se reportaron control territorial, tortura, retención, detención, hostigamiento, amenaza y agresión.
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El informe confirma que el régimen ejecutó un nuevo patrón represivo que consiste en detener y acusar arbitrariamente a familiares de opositores, a quienes usa como «rehenes» para lograr la captura de sus críticos, según denuncias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Los judicializados son el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González.
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Enfrentan los mismos cargos de presunta conspiración y propagación de noticias falsas los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas, los que permanecieron retenidos junto a monseñor Rolando Álvarez en la sede episcopal desde el cuatro de agosto.
Asimismo, fueron acusados por propagar noticias falsas y conspiración: Freddy Martín Porras García, José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, Jeannine Horvilleur Cuadra, Félix Ernesto Roiz Sotomayor y Javier Alberto Álvarez Zamora; para este último el judicial giró orden de detención.
