La canciller de Canadá, Melanie Joly, condenó la crisis de derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto en Nicaragua y demandó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a «actuar» contra la dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Las declaraciones de la diplomática canadiense se dieron durante la 52 Asamblea General de la OEA que se desarrolla en Lima, Perú.
«Como democracia yo no puedo dejar de subrayar que la verdadera democracia requiere una participación plena y significativa de todas las personas, sin ninguna forma de discriminación, por eso tenemos un deber colectivo de actuar cuando Estados como Nicaragua y Venezuela rompen las promesas que le hicieron a sus ciudadanos y a los valores claves de nuestra región», subrayó Joly durante su intervención en el evento continental.
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La alta funcionaria canadiense aseguró que el dictador Daniel Ortega «tiene que ser responsable de sus actos» que han empujado a la población nicaragüense a abandonar el país centroamericano y desencadenado «una crisis regional de migración».
La representante de Canadá criticó que el régimen de Ortega haya abandonado la OEA de la forma en que lo hizo. «En vez de cumplir sus promesas, Ortega decidió retirarse de la OEA. Incluso, fuera de nuestra institución debemos seguir denunciando sus acciones porque no es posible que queden impunes», apuntó.
La situación de Nicaragua es uno de los temas centrales que abordarán los cancilleres de 33 países en el evento político más importante de América. Los delegados han preparado el proyecto de resolución «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», donde expresan su «profunda preocupación» por la grave situación del país centroamericano que es sojuzgado con mano de hierro por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución será el punto número 20 del temario de la Asamblea General que reunirá a 33 cancilleres de América. En el documento, de siete puntos, se exhorta a los Estados miembros de la región a implementar una «estrategia» sobre los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluyendo el otorgamiento de asilo y otras medidas de protección, todo basado en un enfoque integral de derechos humanos y de género. También demanda la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presos políticos.
