El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que la encarcelación y acusación en contra de 13 opositores y sus familiares por los supuestos delitos de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas se trata de un proceso «arbitrario e inconstitucional».
«Repudiamos acusaciones infames en contra de 13 personas nicaragüenses. En Nicaragua hay más de 215 personas privadas de su libertad. Exigimos el cese de la represión, la derogación de las leyes violatorias de derechos humanos y la libertad de todas las personas presas políticas», expresa la organización defensora.
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Las víctimas de los delitos que le achacan a los opositores son el Estado y la sociedad nicaragüense. La justicia del régimen los señala de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1050, Ley de Soberanía, dos instrumentos jurídicos usados para reprimir, encarcelar y silenciar las voces disidentes y críticas del régimen Ortega Murillo.
Entre las anomalías de este proceso, el Colectivo destaca que «se presentó acusación en absoluta arbitrariedad violando sus derechos y garantías
constitucionales en presuntas audiencias sin la publicidad establecida para los procesos penales. El juez sexto de distrito penal de Audiencias de Managua, Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, admitió las mencionadas acusaciones sin ejercer el control de legalidad sobre los escritos del Ministerio Público presentados más de 15 días después de las detenciones arbitrarias violando el artículo 33 constitucional que establece las formas para ser privados de libertad y el plazo de 48 horas para ponerlos a la orden de autoridad competente».
Fueron acusados por propagar noticias falsas y conspiración: Freddy Martín Porras García, José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, Jeannine Horvilleur Cuadra, Félix Ernesto Roiz Sotomayor y Javier Alberto Álvarez Zamora; para este último el judicial giró orden de detención.
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Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos, ha instado a familiares nuevos de presos políticos a hacer valer su derechos e interponer formal denuncia aún de forma anónima ante ese organismo. La entidad elevó el número de presos políticos a 215 personas, incrementando tras las recientes detenciones.
El régimen ha emprendido una nueva cacería contra opositores durante estas últimas dos semanas, deteniendo a dirigentes de organizaciones políticas, activistas y opositores, pero también a familiares de quienes se encuentran en el exilio debido a las amenazas y hostigamiento en su contra.
