El régimen de Daniel Ortega ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 80 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales y 20 de origen extranjero. El decreto fue emitido por el Ministerio de Gobernación (Migob). La cifra de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro ilegalizadas por la dictadura alcanza las 2.175 de diciembre de 2018 a la fecha.
Mediante el acuerdo ministerial 06-2022-OSFL publicado en La Gaceta de este jueves, 29 de septiembre, el Migob ordenó la cancelación de las asociaciones nacionales por haber «incumplido sus obligaciones conforme ley; y que estas no han reportado por periodos de 6 hasta 27 años juntas directivas, estados financieros, conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes».
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Entre las organizaciones canceladas se encuentran entidades cristianas como la Asociación Nueva Visión Cristiana, el Instituto Bíblico Interdenominacional y el Ministerio Internacional Manantiales de Vida. En la lista también figuran entidades artesanales y de apoyo a mujeres en sectores de salud, desarrollo económico y educación.
La Asociación de Mujeres en Atención Integral a la Familia (AMUIF), dedicada al acompañamiento en temas de salud para mujeres del campo, también fue otra de las canceladas junto a la Asociación de Mujeres por el Desarrollo Económico Social de la Conquista (Amudesco).
En cuanto a las 20 ONG extranjeras canceladas siete son originarias de Estados Unidos, cuatro de España, dos de Alemania, una de Honduras, otra de Costa Rica, una de Noruega, una de Panamá y una de Italia.
Entre las organizaciones estadounidenses figuran la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas dedicada a las fuerzas armadas, el Instituto Internacional de Agricultura, el Centro Nicaragüense de Desarrollo y Ciet Internacional y Asoción Planet Aid. Mientras que en las españolas destacan la Fundación San Agustín de Nicaragua, Fundación Engelmajer y la Fundación Alfasol de Cooperación y Desarrollo.
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Las entidades son señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Con la reforma aprobada a la Ley referida a las ONG, el régimen de Ortega-Murillo le otorgó al Migob el poder absoluto de despojar de la personalidad jurídica a las organizaciones mediante acuerdos ministeriales, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
