El secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, calificó como una «medida aberrante» que la dictadura de Daniel Ortega niegue la entrada a su propio país a los ciudadanos nicaragüenses.
En entrevista para el podcast Ahora de Artículo 66, el defensor de derechos humanos señaló que la acción del régimen «equivale a un destierro y es una medida aberrante desde el punto de vista de legalidad».
Al negar a los nacionales entrar al país, la dictadura Ortega-Murillo «viola en principio el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que garantiza a todos los nicaragüenses, sin excepción, la libertad de entrar y salir libremente del territorio nacional», indicó Leiva.
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Asimismo, la administración orteguista infringe el artículo 27 de «nuestra carta magna» que establece que ningún nicaragüense debe ser discriminado ni hostigado por motivos de su credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, posición social, etcétera.
«Están pasando por encima de sus propias leyes empezando por la Constitución política de Nicaragua y por la declaración universal de los derechos humanos», denunció el abogado defensor.
Además, Álvaro Leiva resaltó que el régimen ha violado una «serie de derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales de los cuales Nicaragua es suscriptora».
«No solo ha violado las leyes nacionales sino todo andamiaje legal internacional a nivel regional y universal, en el tema de las agresiones antirreligiosas que ha dirigido en contra la Iglesia católica», señaló.
Los desterrados por la dictadura
La escalada represiva de la dictadura de Ortega-Murillo no se detiene y ha ordenado negar el ingreso a Nicaragua a alrededor de seis ciudadanos en lo que va de 2022.
El martes, 27 de septiembre, el régimen impidió que ingresara a Nicaragua el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien se encontraba en Argentina en una actividad académica.
Esta medida también ha sido impuesta a religiosos. El mismo martes también se conoció que el régimen le negó la entrada al país al padre Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía de Boaco.
Este destierro táctico de la dictadura Ortega-Murillo se suma al impuesto en julio pasado al ahora exrector de la UCA, el padre jesuita José Alberto Idiáquez, quien ni siquiera estuvo presente en el traspaso de rectoría al padre Rolando Alvarado López, el pasado 1 de junio, debido a que el régimen le negó la entrada al país.
Además, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el retorno al país al abogado Francisco Omar Gutiérrez, defensor privado de monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco.
También negó el ingreso a Nicaragua al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas; y a la socióloga, activista y feminista María Teresa Blandón.
Ante esta situación, Álvaro Leiva señaló que «Ortega repite la medida que ejerció en 1986 contra el obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Antonio Vega, ya fallecido, a quien también le negó el ingreso a su propio país».
