La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) rechazaron el bloqueo de ingreso al país que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han aplicado a sacerdotes y académicos cuando intentar regresar a Nicaragua.
La dictadura recientemente negó la entrada al país al sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía en Boaco, cuando retornaba de Israel y hacía escala en Miami y al vicerrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien regresaba de Argentina en una actividad académica.
Douglas Castro, integrante de la ACJD, condenó las acciones que ejecuta el régimen contra los mismos nicaragüenses a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Considera que los destierros del vicerrector de la UCA y del sacerdote de Boaco son «sumamente graves».
Noticia relacionada: Ortega viola la Constitución y tratados internacionales al desterrar a nicaragüenses
«En el caso del padre Guillermo Blandón, este golpe es un continuum de la feroz persecución religiosa de la que está siendo víctima la Iglesia católica en Nicaragua. A pesar de que la dictadura se vista de cristianismo a diario en sus constantes discursos, en la práctica sabemos que el proyecto de ellos es acabar con la religión del pueblo para sustituirla por una religión controlada por la familia Ortega y Murillo, quienes controlan el Estado y el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)», aseveró.
María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que la escalada represiva del régimen contra la Iglesia y la academia es para tratar de silenciar las voces de las personas que denuncian las violaciones a los derechos humanos que cometen desde el Estado.
«Siguen exiliando y aplicando el destierro a autoridades de la Iglesia católica y la academia. Creemos que estas acciones del régimen son para callar y silenciar a la población que todavía tienen la capacidad de levantar la voz por las violaciones que este régimen sigue cometiendo en contra de la ciudadanía y las instituciones», apuntó.
Ortega contra la libertad académica
Alvarado y Castro coinciden –por separado– que la prohibición de ingreso contra el vicerrector de la UCA persigue como objetivo de demoler la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y la asfixia de todo espacio donde los jóvenes y estudiantes, a través de la enseñanza, puedan cultivar un pensamiento crítico.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields consideró que el régimen de Ortega le impuso un «exilio forzado» al vicerrector de la UCA. Además, asegura que la decisión de la dictadura «demuestra que Daniel Ortega, bachiller que intentó estudiar en la UCA, quiere una sociedad de borregos y mareros, dispuestos a rendirle culto y obediencia ciega».
«El doctor Huete es uno de los académicos más reconocidos y prestigiosos del país. Esta acción en su contra se suma a una andanada de ataques contra la libertad académica, y en especial contra la UCA, que reflejan como la dictadura sandinista está queriendo asfixiar cualquier espacio de libertad y orillar a todos los nicaragüenses a tener que hacer vida en sus instituciones donde ya sabemos lo que predomina es la propaganda y la coacción», alertó Castro.
«El ataque que está cometiendo contra el vicerrector de la UCA, uno de los objetivos que nosotros creemos que tiene el régimen, es tratar de erradicar todo derecho a la libertad de cátedra, todo ejercicio de la autonomía universitaria y de una educación que pueda generar un criterio propio a cada uno de los estudiantes. Este ataque a la UCA apunta a ese escenario, que la única universidad que queda en Nicaragua, que tiene como estandarte la libertad de cátedra y manifestación, quede silenciada», añadió Alvarado.
