La Fiscalía acusó ante un juez a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, encarcelados arbitrariamente desde el 19 de agosto en las celdas del complejo policial, conocido como «El Nuevo Chipote».
El régimen inició el proceso sin precisar los presuntos delitos que estarían aplicándoles. La acusación solo señala que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense es la víctima.
Noticia relacionada: Estudio de Urnas Abiertas señala insatisfacción en Nicaragua con desarrollo y transparencia
Los acusados son los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz Cruz y Sadiel Antonio Eugarrios Cano, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Antonio Vega González.
También los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira, y el camarógrafo Sergio José Cárdenas Flores.
Este grupo de religiosos y laicos fueron asediados por la Policía, durante 15 días, en la curia episcopal de Matagalpa junto a monseñor Rolando Álvarez. Y posteriormente sustraídos del lugar de forma arbitraria para ser encarcelados en Managua. El régimen aún no presenta cargos contra el obispo, quien se encuentra confinado en su vivienda familiar.
La vocera gubernamental, Rosario Murillo, acusó al canal estadounidense CNN en español de injerencista, dos días después que la dictadura ordenara retirarlo de inmediato en las grillas de canales autorizados.
Murillo mencionó unos cuantos artículos de la Constitución Política de Nicaragua y las leyes del país para justificar la medida arbitraria. Según la vicemandataria, CNN violentó la carta magna que establece que la «independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional» son derechos irrenunciables, así como la Ley de Seguridad Soberana que hace referencia a la injerencia extranjera.
Noticia relacionada: Régimen de Nicaragua «avanza» en la instalación de centro cultural en el edificio robado a La Prensa
El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que no se puede actuar con «doble moral» ante las violaciones de derechos humanos cometidas tanto en países gobernados por políticos de tendencia de derecha como por políticos de izquierda.
Durante su participación en el programa Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia, Boric manifestó que «le molesta cuando alguien de izquierda condena las violaciones en Yemen o El Salvador, pero no habla de Venezuela o Nicaragua» porque dicen que «no se debe hablar mal de los amigos».
Sostuvo que «para construir un futuro, los partidos de izquierda deben tener un solo estándar moral, especialmente es muy sensible para Latinoamérica y el mundo, en derechos humanos».
En Nicaragua existe un «descontento generalizado» sobre el desempeño de las alcaldías, confirmó un estudio del observatorio Urnas Abiertas. El informe de Desarrollo Local realizado por la red detalla que el mal servicio en la recolección de basura, alumbrado público, ornamento, reparación y mantenimiento de caminos, y la administración de mercados y cementerios son los principales motivos de la insatisfacción ciudadana.
El observatorio también reveló que la población tiene interés en fiscalizar y participar en la gestión de los servicios municipales, pero «se ve obstaculizado por la ausencia de información pública y las restricciones a la participación ciudadana local».
Además, las alcaldías se han enfocado en la recaudación y han desatendido las necesidades de los habitantes.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reveló que el gobierno norteamericano impondrá más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo; y que estas acciones podrían ser muy pronto.
En declaraciones a la Voz de América (VOA), Nichols manifestó que el régimen de Ortega es antidemocrático y no respeta los derechos humanos, y lo que espera el gobierno de Joe Biden es «un cambio de políticas y la liberación de los presos políticos».
