Un grupo de al menos 50 sacerdotes nicaragüenses solicitó refugio a Honduras y Costa Rica ante la represión del régimen de Daniel Ortega, reveló el diario hondureño El Heraldo.
El medio indicó que el obispo José Canales, de la diócesis hondureña de Danlí, aseguró que los religiosos han expresado «un rechazo rotundo a las situaciones de injusticia e irrespeto a los derechos humanos» por parte del régimen.
Oponerse a la dictadura los ha golpeado «psicológicamente» por los asedios policiales y acoso que han recibido por el régimen, y por lo que ahora buscan refugio en países vecinos.
El régimen continúa negándole la defensa a monseñor Leonardo Urbina, quien fue condenado a la pena máxima por presunto abuso sexual en un juicio arbitrario.
El abogado Francisco Omar Gutiérrez, quien desde hace más de un mes espera que se le admita como defensor privado del párroco, fue impedido de ingresar al país el día jueves, 15 de septiembre, cuando regresaba a Managua tras visitar a sus familiares en Estados Unidos. Migración le negó el ingreso sin darle explicaciones.
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Desde el mes de julio, los familiares de monseñor Urbina insistieron con que el abogado fuera admitido como defensor del religioso, pero las solicitudes no fueron contestadas por el juez sandinista Edén Aguilar.
La Policía detuvo, de manera arbitraria, al ciudadano Freddy Martín Porras, hermano de la opositora Dulce Porras, dirigente del movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos) en el departamento de Carazo.
La integrante de Unamos, que se encuentra en el exilio, denunció a medios nacionales que los agentes se presentaron a la vivienda de su hermano sin orden judicial, lo golpearon y trasladaron a la delegación policial de Jinotepe, donde no les brindaron información sobre los motivos del arresto.
Dulce Porras dijo al medio Confidencial que podría ser «un nuevo patrón del régimen de capturar a los familiares» de los opositores que se encuentran en el exilio.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también denunció la detención arbitraria de Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa.
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El arresto ocurrió la noche del 13 de septiembre cuando agentes de la Policía buscaban a Javier Alberto Álvarez, de 68 años, esposo y padre de las detenidas, pero al no encontrarlo, encarcelaron a sus familiares. De acuerdo a la denuncia, Javier Álvarez se encuentra en el exilio debido a la persecución del régimen. También fue detenido su yerno Félix Roiz.
En una semana, se reportaron 17 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en el país. Según la plataforma Monitoreo Azul y Blanco, del 5 al 11 de septiembre, se registró un incremento de la represión contra sacerdotes, periodistas y excarcelados políticos. También se reportó el arresto de un líder territorial de una organización política.
Asimismo, se cancelaron otras cien oenegés y aumentó el control territorial o social como en el caso de los estudiantes y personal docente de las universidades que deberán informar sobre sus movimientos migratorios.
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Los partidos colaboracionistas del régimen Ortega Murillo tuvieron que recurrir a sus viejas prácticas de usurpar nombres para cumplir con la cuota de candidatos establecida para las votaciones municipales programadas para el seis de noviembre.
En la lista preliminar se identificaron a varios militantes sandinistas, cuyos nombres aparecen en el listado de los llamados partidos «zancudos». Incluso, están propuestos en diferentes organizaciones políticas a la vez, lo que constituye delito electoral, según especialistas.
Ivannia Álvarez, del observatorio electoral Urnas Abiertas, dijo a Artículo 66 que varios pobladores realizaron su propia fiscalización y reconocieron en las listas a sus familiares que están fuera del país desde hace años. También opositores en el exilio demandaron una explicación a los partidos políticos por aparecer en las listas sin ninguna autorización. La zona más afectada es Madriz y Ocotal.
