En el marco de los 201 años de independencia de Nicaragua del Reino de España y ante la grave crisis de derechos humanos que vive el país, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, animó a la ciudadanía a no dejar de «soñar y luchar» por una Nicaragua independiente.
El purpurado, en exilio forzado en Estados Unidos, afirmó que en una Nicaragua independiente debe prevalecer «la razón y la bondad, la pluralidad en la unidad, la paz que brota de la justicia y la libertad al servicio del bien común», valores que fueron cercenados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La pareja dictatorial gobierna Nicaragua a su gusto y antojo con mano de hierro. Su permanencia en el poder la han cultivado por el uso de la fuerza, la represión, el exilio, la muerte, las amenazas y el encarcelamiento de toda voz disidente.
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Más de 200 personas permanecen presas por razones políticas en un país donde reina la incertidumbre y la desesperanza de un cambio democrático. Miles de familias han abandonado Nicaragua por la falta de empleo, la carestía de la vida y la agudización del estado policial que impuso la dictadura en el país.
«¡La lucha por ser independientes sigue, no perdamos la esperanza!», publicó el obispo en su cuenta de la red social Twitter acompañada de una imagen de la bandera azul y blanco de Nicaragua, la misma que es prohibida usar en cualquier manifestación cívica y pacífica contra el régimen Ortega Murillo.
La dictadura tiene sumido al país en una crisis social, política y de derechos humanos desde el año 2018 a raíz de la revuelta cívica que se produjo por el intento de controlar el internet y las redes sociales, la inoperancia estatal para atender el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz y la reforma fallida al seguro social. Las manifestaciones fueron reprimidas a balazos por la Policía en conjunto con grupos paramilitares.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. El régimen niega los hechos y acepta que hubo 200 muertos, pero estadísticas de la CIDH confirman que hubo 355 personas asesinadas en el marco de las protestas sociales.
