El cardenal Leopoldo Brenes confirmó que monseñor Rolando Álvarez, encerrado en su residencia, y los otros siete sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, encarcelados en «El Chipote», lograron obtener visita familiar.
En declaraciones dadas a la agencia de noticia EFE, el cardenal aseguró que los padres presos en la denominada «cárcel de tortura» pudieron compartir con sus parientes de dos a tres horas, mientras las autoridades de la Iglesia católica nicaragüenses realizan las gestiones para que sean enviados a sus domicilios. También afirmó que la salud de monseñor Álvarez «está bien y lo encontró de mejor ánimo».
El arzobispo de Managua sostuvo que no hay negociaciones con el régimen sobre la situación de los religiosos secuestrados, y se mostró en desacuerdo con las críticas hechas al papa Francisco.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió este lunes contra la diócesis de Granada y su obispo, monseñor Jorge Solórzano, por solidarizarse con el sacerdote Leonardo Urbina, condenado a 30 años de prisión por presunto abuso sexual.
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El Ministerio de la Familia, al servicio de la dictadura, le reclamó al prelado por sus declaraciones y se otorgó la autoridad de considerarlo un «rebelde» ante el papa Francisco porque, según el régimen, el presbítero sí cometió el delito.
Monseñor Leonardo Urbina se convirtió en el segundo sacerdote en ser condenado por delitos comunes en el país. Tanto Urbina como el padre Manuel Salvador García fueron sometidos a procesos judiciales irregulares, en medio de la persecución a la Iglesia católica.
El padre Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia de Sébaco, confirmó su exilio tras ser víctima de asedio policial en un contexto de persecución religiosa en Nicaragua.
El sacerdote se despidió del país, a través de su cuenta en Twitter, en la que publicó «¡Adiós Nicaragua mía! Me duele respirar en el país fachada» y pidió a los creyentes a no dejar solo a monseñor Rolando Álvarez, forzado al encierro en su residencia familiar por órdenes de la dictadura. Exhortó a no «acomodarse al silencio, la sobrevivencia y las negociaciones».
Artículo 66 también conoció que el padre Harving Padilla, quien estaba al frente de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, sigue siendo objeto de asedio policial. El padre fue obligado a refugiarse en el Seminario Arquidiocesano en Managua, donde paramilitares lo mantienen «vigilado». Fuentes señalan que al menos seis sacerdotes se han exiliado en los últimos meses.
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La organización opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos) denunció el «secuestro» del líder campesino del municipio de Nueva Guinea, Raúl Oporta.
La agrupación dio a conocer que el opositor fue sacado de su vivienda de manera arbitraria por la Policía, la tarde del domingo, cuatro de septiembre. Los demandan a las autoridades informar sobre el estado de Oporta y ponerlo en libertad. Mientras organizaciones de derechos humanos piden que se respete su integridad física.
Esta es la segunda vez que el régimen arresta al dirigente campesino. La primera ocasión fue en 2019. Además, lo ha sometido a continuos acosos policiales y amenazas de fanáticos
La verificación ciudadana fue desestimada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), previo a las elecciones municipales programadas para el seis de noviembre.
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Los magistrados sandinistas anunciaron que la verificación significa para ellos el uso de papel innecesario. El Poder del Estado, controlado por el partido de gobierno, se justificó alegando que «marca un hito histórico de responsabilidad con el medio ambiente», por lo que optó con realizar el proceso en línea.
Según el régimen, la verificación fue un «éxito rotundo», a pesar que ni el 50% de los habitantes de Nicaragua tiene acceso a internet.
La presidenta del partido ilegalizado Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, denunció que el proceso «carece de toda credibilidad y el régimen lo ha reconocido así al reducir el proceso a su mínima expresión, tanto en duración como en relevancia pública». Por lo tanto, solo «presenciaremos un simulacro» de elecciones.