Al menos a14 presas y presos políticos aún no los ha exhibido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante sus medios de propaganda. Entre el 30 y el 31 de agosto, el régimen ordenó a la Policía que una veintena de rehenes de conciencia fueran llevados al Complejo Judicial Central de Managua para una «audiencia informativa» sobre sus casos. Esta decisión del régimen se da tras la denuncia de la reducción de las porciones de alimentos a los detenidos.
Los 20 presos políticos que fueron presentados en los juzgados están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», un centro donde son sometidos a diversas torturas, según denuncias de sus familiares y organismos de derechos humanos.
Entre los 14 presos políticos que no ha sido llevado ante los jueces orteguistas están la activista Violeta Granera Padilla, el periodista Miguel Mendoza, el opositor Alex Hernández, la defensora de derechos humanos María Oviedo, el economista Harry Chávez, el activista Yader Parajón, el miembro de Unamos Muammar Vado y los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena. Todos ellos están detenidos en «El Chipote».
Noticia relacionada: «Queremos verlo y verlo en libertad», organizaciones exigen presenten a Miguel Mendoza
Los otros presos políticos que no están en la DAJ, pero que también fueron capturados en la víspera de las elecciones presidenciales y posterior a ellas son: el activista Yoel Sandino, Yubrank Suazo y Nidia Barbosa, de la Alianza Cívica; la activista Samanta Jirón y la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto.
A todos los presos políticos la dictadura los acusó de diversos delitos de traición a la patria, entre ellos conspiración para el menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas bajo la supuesta violación de la Ley 1054 y la Ley 1042, Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciberdelitos, respectivamente.
La mayoría de los rehenes de conciencia que aún no ha presentado la dictadura ya cumplieron más de un año en las cárceles del régimen. Los que tienen hijos e hijas menores de edad no han podido verles, como el caso del periodista Miguel Mendoza.
Organizaciones opositoras y de derechos humanos han exigido – por separado – que el régimen los presente para que se pueda confirmar el grave deterioro de su estado físico y de salud que padecen tras permanecer por varios meses en prisión bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes.