El padre Edwing Román llamó a los nicaragüenses a realizar oraciones y «ofrecer sacrificios» por la liberación de monseñor Álvarez, sacerdotes y laicos detenidos, así como por todos los presos políticos a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de su cuenta de Twitter, el expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya expresó a las víctimas de la represión orteguista que «en la oscuridad de esas celdas les ilumine la luz de Cristo que no se extingue».
«¡Que liberen a todos los presos políticos de Nicaragua! ¡Que liberen a monseñor Rolando Álvarez! ¡Que liberen a los sacerdotes injustamente encarcelados!». demandó el religioso, exiliado en Estados Unidos.
Román ha reprochado en reiteradas ocasiones «el silencio» y falta de acciones contundentes de la comunidad internacional ante la ola represiva que el régimen ha ejecutado contra el pueblo nicaragüense.
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«Entre más complicidad y más silencio de la comunidad internacional, se agrava más el sufrimiento de los nicaragüenses a manos de la dictadura», señaló el cura en una reciente publicación en sus redes sociales.
Justicia de Ortega celebra audiencia a sacerdotes presos
Monseñor Álvarez cumple más de cinco días en arresto domiciliar en casa de sus familiares en Managua. Según se ha conocido, la justicia orteguista le ha restringido las visitas y ha incrementado la vigilancia.
En cuanto a los sacerdotes y seminaristas presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, enfrentaron audiencia secreta, así lo informó el abogado Yader Morazán.
«Después de 18 días en un limbo jurídico, al fin se les celebró audiencia a los padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Díaz; el camarógrafo Sergio Cárdenas, el diácono Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira», sostiene Morazán, quien según sus fuentes informa que la audiencia fue celebrada por la nueva jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua.
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El especialista en administración de justicia refiere que el proceso se realizó de forma «clandestina y validada por un grupo “selectivo” de “defensores” públicos».
Hasta la fecha, son más de 200 presos políticos en Nicaragua, incluyendo diez sacerdotes secuestrados por la dictadura de Ortega, a los que acusa de delitos comunes o de «crear zozobra en la población».
