El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió un comunicado en el que rechazan y denuncian la persecución en contra de la iglesia católica de Nicaragua y la detención del padre Oscar Danilo Benavidez Tinoco, párroco de la iglesia Espíritu Santo, en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
«Denunciamos la criminalización contra religiosos de la iglesia católica a quienes se les amenaza gravemente su libertad e integridad personal y se les impide ejercer su labor pastoral. El Colectivo exige el cese de estas graves violaciones de derechos humanos, en particular la libertad religiosa y de expresión, contra un pueblo que merece libertad, verdad y justicia», refiere la organización defensora.
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El padre Óscar Benavidez fue detenido el domingo, 14 de agosto, luego que el religioso terminó de celebrar misa en la capilla Concepción de María, donde habló acerca del profeta Jeremías, quien fue objeto de oprobio por los poderosos de la época. El régimen lo señala de atentar y crear zozobra entre el pueblo.
El sacerdote Oscar Benavidez es originario de San Isidro, Matagalpa, tenía un poco más de tres meses al frente de la parroquia Espíritu Santo, en Mulukukú. Sus feligreses han expresado que es una persona muy querida en el pueblo.
Por su parte, la Diócesis de Siuna aduce desconocer los motivos de la detención y pide a los fieles católicos a unirse en oración «por nuestro hermano presbítero Oscar Benavidez, que su única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra vida y nueva salvación para todos».
Con esta detención ya son tres sacerdotes presos en este 2022. Monseñor Leonardo Urbina y el padre Manuel Salvador García, encabezan la lista. El primero es acusado de supuestamente haber violado a una menor de 12 años y el otro de haber agredido a una mujer y amenazado a militantes sandinistas.
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Desde inicios de agosto, el gobierno de Ortega ha arreciado su asedio contra la iglesia católica especialmente contra religiosos de Matagalpa y de otras zonas del norte del país. Primero arremetieron contra el padre Uriel Vallejos, luego contra monseñor Rolando Álvarez, cuyo asedio ha persistido durante 12 días.
La mañana del domingo, 14 de agosto, la Policía orteguista quitó la licencia de conducir al padre Fernando Calero, párroco de Rancho Grande, además le impidió salir hacia Matagalpa para recibir a la imagen de Nuestra Señora de Fátima.
El Colectivo reiteró su «solidaridad a toda la feligresía, a los obispos y sacerdotes que son perseguidos, encarcelados y amenazados porque no han callado las injusticias contra el pueblo nicaragüense. Demandamos la devolución de los bienes confiscados, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua», refiere el comunicado.
