La delegación de Colombia se ausentó de la primera sesión extraordinaria que convocó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este encuentro, el representante del izquierdista Gustavo Petro se «estrenaría» en una discusión donde se abordaría la situación represiva que enfrenta Nicaragua.
En dicha sesión se aprobó una resolución que condena enérgicamente la persecución de la Iglesia católica, las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y las condiciones inhumanas que padecen las personas presas políticos. 27 países votaron a favor del documento que vuelve a abordar la dramática crisis que vive Nicaragua desde abril 2018.
Gustavo Petro ha criticado que el régimen de Daniel Ortega tiene presos políticos, muchos de ellos, personas que «hicieron la revolución» contra la dictadura de Somoza. En su primera entrevista como mandatario electo dada a la revista CAMBIO explicó que su administración planteará un acuerdo nacional para sacar adelante a su país. Porque «si mi gobierno no es capaz de hacer transformaciones, la sociedad estalla», indicó el izquierdista, y citó los casos de Ecuador, Chile y Nicaragua.
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«Impresionante. Colombia de Gustavo Petro huye de la OEA y se niega a condenar los 350 asesinatos, encarcelamiento de sacerdotes y cierre de 1300 ONG’S de dictadura de Ortega en Nicaragua. Grave señal de lo que se viene a Colombia», criticó en Twitter Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.
Los ausentes y los que se abstienen
En la votación, además de Colombia se ausentó Nicaragua. Desde noviembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega retiró las credenciales de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell, y anunció el cierre de la oficina del organismo en Managua tildándola de «instrumento del imperialismo yanqui» el pasado 24 de abril.
Las delegaciones de Honduras, Bolivia, México decidieron colocarse al margen y se abstuvieron. Mientras, San Vicente y las Granadinas, la única representación de alto nivel que acompañó a la dictadura de Nicaragua en su acto partidario del 19 de julio a través de su primer ministro Ralph Gonsalves, votó en contra alegando que por su lado están procurando un diálogo con el régimen de Daniel Ortega.
La resolución de la OEA
La resolución, que cuenta con cinco puntos, señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1 mil 400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país.
«Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua», se lee en el punto número uno de la resolución.
«Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión», prosigue el documento aprobada por los embajadores que integran el Consejo Permanente de la OEA.
El documento también aborda la persecución de la Iglesia católico, sacerdotes, obispos, líderes de oposición y presos políticos del régimen de Ortega. Desde el primero de agosto, la dictadura ordenó una escalada represiva contra la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ese día, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el régimen ordenó el cierre de todas las radios de la Diócesis, canales locales del departamento, programas radiales y un medio de comunicación de Nueva Guinea.