El próximo 15 de octubre, la Unión Europea pondrá «bajo la lupa» las sanciones impuestas contra funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las que podrían ampliarse debido a la nueva ola represiva contra la Iglesia católica de Nicaragua.
En entrevista con el medio digital Despacho 505, Peter Stano, portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, refirió que siguen «vigilando la situación y reaccionaremos según corresponda», en referencia a los reciente actos de violación a los derechos humanos y a libertad religiosa en el país.
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«Estos últimos actos de represión fueron condenados por la Unión Europea como una nueva violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias», sostuvo Stano.
Recientemente, la UE condenó el «cierre arbitrario» de siete radios católicas administradas por la Diócesis de Matagalpa, Radio Vos y Canal RB3 de Río Blanco por parte del régimen orteguista a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). El bloque de países considera que las acciones del régimen constituyen «otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias».
Según lo estipulado por la Unión Unión Europea, las sanciones impuestas contra funcionarios están en constante revisión, las que pueden modificarse, renovarse o levantarse si se comprueba que los sancionados «hayan cambiado su comportamiento» y las acciones hayan cesado en caso de que su comportamiento y acciones hayan cambiado.
Sin embargo, en el caso de Nicaragua, ninguna sanción contra el régimen de Ortega se ha levantado, más bien la UE propuso a tres magistrados nicaragüenses para engrosar la lista de sancionados.
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Los tres magistrados que podrían ser incorporados a la «lista negra» de la Unión Europea (UE) han rechazado recursos interpuestos por los defensores de presos políticos.
La última resolución contra el régimen de Ortega fue respaldada con 524 votos a favor, 17 se pronunciaron en contra y hubo 29 abstenciones. Es la quinta propuesta sobre Nicaragua en esta legislatura. Los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en el país centroamericano.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) propuestos a sancionar son Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís, quienes «también han participado en la privación de los derechos procesales y materiales», refiere la UE.
Pese a las acciones por parte de la comunidad internacional, la dictadura en Nicaragua ha incrementado su represión, actualmente impone cerco policial a monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece junto a otras 11 personas (sacerdotes y laicos) encerrado en la Curia Episcopal de Matagalpa, tras ser señalado por la Policía de «crear zozobra en la población».