La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó el próximo viernes, 12 de agosto, a una sesión extraordinaria para analizar la situación de Nicaragua, marcada por la persecución a la Iglesia católica del país.
Un día antes, ocho países, Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay; solicitaron a la entidad este reunión y presentaron un borrador de resolución donde se condena «enérgicamente» las acciones represivas que el régimen de Daniel Ortega ha ejecutado contra organizaciones no gubernamentales, religiosas y medios de comunicación.
En las últimas semanas, la dictadura Ortega-Murillo emprendió un nuevo ataque a la Iglesia católica, cerrando, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ocho emisoras dirigidas por la Diócesis de Matagalpa. El régimen además impuso un cerco policial en la Curia Episcopal de Matagalpa donde se encuentra monseñor Rolando Álvarez junto a otras 11 personas, entre sacerdotes, seminaristas y laicos.
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El documento de condena refleja la «profunda preocupación de los países miembros”, porque a pesar de las exhortaciones, resoluciones, mandatos de la Asamblea General y del mismo Consejo Permanente, el “clima de opresión ha empeorado con un número creciente de detenciones arbitrarias; cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales; la toma autocrática de alcaldías en cinco municipios de un partido político de la oposición; una intensificación de la represión de periodistas y la libertad de los medios de comunicación; y ataques a monjas y sacerdotes de la Iglesia romana de la fe católica».
El documento además señala que el Consejo Permanente se encuentra preocupado porque el régimen sandinista ha «ignorado los esfuerzos del secretario general de la OEA (Luis Almagro)”, quien siguiendo las instrucciones de la Misión Permanente del Consejo, ha buscado cómo involucrar a Nicaragua en la discusión de las formas en que un grupo de alto nivel podría ser invitado al país centroamericano “para explorar la posibilidad de ayudar al Gobierno a restaurar el respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las Cartas de la OEA”».
Mediante el borrador del proyecto también reitera a la administración Ortega-Murillo la «insistencia» de liberar a todos los presos políticos y poner fin al hostigamiento e intimidación a la prensa independiente «y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».
Nicaragua está sumida en una crisis que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 355 muertos en 2018, de los cuales Ortega admitió 200 y alegó que se defendía de un supuesto golpe de Estado.
Recientemente, el régimen ha emprendido una persecución en contra de líderes católicos que ha sido condenado por otros organismos defensores de derechos humanos y altos funcionarios internacionales, quienes han insistido a Ortega que respete las libertades de religión y expresión en Nicaragua.