La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó abrir una «investigación» contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, después que el prelado saliera a las calles a orar con el Santísimo en manos, ante el asedio policial. La Policía acusa a monseñor Álvarez de supuestamente «organizar grupos violentos» e incitarlos a ejecutar «actos de odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua».
A través de un comunicado, informó que el jerarca católico mantendrá casa por cárcel de facto mientras se desarrolla este proceso en su contra. La Policía, al servicio de la pareja presidencial, aseguró que la Iglesia católica, a través de la diócesis de Matagalpa, encabezada por monseñor Álvarez, ha provocado un «ambiente de zozobra y desorden» en esa ciudad del norte, «alterando la paz y la armonía».
El obispo se vio obligado a celebrar la Santa Eucaristía desde el interior de la Curia Episcopal, en compañía de 12 personas miembros de la comunidad católica, la que fue transmitida a través de las redes sociales. Durante la misa, el líder religioso informó que las personas que se encuentran en el interior están «conscientes que están en las manos de Dios». Monseñor invitó al pueblo nicaragüense a acompañarlo en otra cantada dedicada a Nicaragua y a Dios que realiza en horas de la noche, en medio del asedio policial.
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El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) expresó su solidaridad y cercanía con la Iglesia católica de Nicaragua ante el «hostigamiento que sufre por parte de las autoridades gubernamentales».
El Celam manifestó su «dolor profundo» por el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios; así como, por «el sufrimiento que vive gran parte del pueblo».
Los obispos de la región invitaron a los creyentes de América Latina y El Caribe a unirse en oración por el pueblo nicaragüense, sus líderes, autoridades y la Iglesia.
La Arquidiócesis de Managua externó la noche de este viernes su «cercanía» con la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez, a quien la Policía le prohíbe salir de la curia episcopal e inició una presunta investigación tras encararlos e invitar a la población a orar.
«La Arquidiócesis de Managua manifiesta su cercanía con la hermana Diócesis de Matagalpa, en particular con su pastor monseñor Rolando José Álvarez y sus sacerdotes ante las circunstancias difíciles que están viviendo», reza el escueto comunicado de la entidad religiosa.
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Los trabajadores de las universidades públicas deberán solicitar permiso al Consejo Nacional de Universidades (CNU) si desean salir del país. La institución, controlada por el partido político de Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió una circular a los rectores en la que establece las nuevas disposiciones para controlar el movimiento migratorio del personal docente y administrativo.
El régimen está exigiendo a los trabajadores presentar, al menos siete días antes, una detallada información de sus salidas y entradas, incluyendo el número de pasaporte, el país que visitarán, la duración de la visita, hasta el puerto que utilizarán.
Investigaciones periodísticas afirman que la pareja presidencial ha impuesto «país por cárcel» a sus funcionarios ante el temor de ser «traicionados».
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Los presidentes de Centroamérica definirán este mes al nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) tras un año de parálisis debido a que no existía el beneplácito para los candidatos propuestos por Nicaragua, país al que por rotación le toca presentar los aspirantes.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, dijo a la agencia de noticias Efe que se están cuadrando las agendas de los presidentes del SICA para realizar la reunión, de manera virtual, con el fin de decidir si se nombra como nuevo secretario general del organismo al nicaragüense Werner Vargas para los próximos 4 años. El ministro costarricense dijo que hay un consenso de los cancilleres de la región para el nombramiento de Vargas, sin embargo, voces críticas a la dictadura de Ortega demandan a los estados miembros no otorgarle el puesto al funcionario del régimen.
