El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), pretende controlar al personal académico y administrativo de las diferentes universidades públicas de Nicaragua, quienes deberán solicitar con anticipación permiso para poder salir del país.
A través de un comunicado, con fecha de cuatro de agosto, en poder de Artículo 66, el CNU comunicó a los trabajadores que si desean viajar al exterior deben informar con «siete días por adelantado» los motivos del viaje, el país donde se dirigen, así como la fecha de entrada y salida del país.
Además, la dictadura de Ortega-Murillo mandata que el personal debe notificar el «nombre completo de la persona de quien se trate (el ciudadano que viajará), identificación o número de pasaporte, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, duración de la visita, puerto de entrada o salida».
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La misiva firmada por Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU, señala que en base al «fundamento en el numeral 14 del artículo 58 de la Ley No.89, reformado por el ministerio de la Ley No. 1114, publicada en La Gaceta No. 66 del 06 de abril del año 2022, y con el interés de conocer el movimiento migratorio del personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico y científico que recibe la universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo, atentamente les solicitamos que nos informen de las entradas y salidas del país con al menos siete días por adelantado».
Ortega ejerce más control sobre las universidades el país
El régimen de Ortega con esta medida busca evitar que más nicaragüenses huyan de Nicaragua por la crisis sociopolítica que persisten en Nicaragua, que cada día se prolonga más o que denuncien las arbitrariedad impuestas por el Estado en cada una de las instituciones del país.
La dictadura de Nicaragua, desde febrero 2022, ha cancelado la personalidad jurídica de al menos a 12 universidades privadas porque supuestamente «incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los Organismos Sin Fines de Lucro en territorio nicaragüense, Ley 147, Ley 977 y su reglamento», al no reportar por más de diez años sus estados financieros conforme periodos fiscales con desglose detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final).
Al eliminar las universidades, el CNU confiscó los centros de estudios superiores y crearon nuevas universidades con el objetivo de garantizar la continuidad académica a los estudiantes afectados con la medida impuesta por la aplanadora sandinista.
Además, Ortega ordenó reformar la Ley 582, Ley General de Educación y reforma y adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la cual se otorga más control al Consejo Nacional de Universidades sobre los centros de estudios superiores del país.
El experto en educación, exrector de la Universidad Americana (UAM) y expresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ernesto Medina, considera que la reforma, que modifica al CNU, es una vuelta a la «etapa más oscura de las universidades bajo el somocismo antes que la Universidad Nacional tuviese autonomía en 1958».
Medina explicó anteriormente que la reforma a la Ley 89 no es para el fortalecimiento la educación superior y que, más bien, (…) se está creando un nuevo aparato burocrático de fieles y leales al Gobierno para acomodar el presupuesto del 6 % que vendría a disminuir la partida a las universidades.
