El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura; y dio a conocer que 97 % de las denuncias que recibió el Comité se produjeron en centros de detención policiales.
Estas afirmaciones del CAT se dieron tras la ausencia de Nicaragua a la segunda revisión periódica en el marco de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
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Diversos organismos internacionales, en un evento virtual, señalan que la ausencia de Nicaragua ante este organismo de la ONU siembra un mal precedente. Además, el régimen de Ortega y Murillo acusó al CAT de falta de imparcialidad y objetividad para gestionar el informe e interferir en las leyes nacionales al hacer una serie de recomendaciones para prevenir y erradicar la tortura en el país centroamericano.
El CAT de la ONU señaló que la actuación de Nicaragua revela un profundo desconocimiento de la ratificación del Convenio Contra la Tortura y que sigue vinculado a ella. «Esta resistencia no es nueva y ocurre cuando el estado es acusado de una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición donde en la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas donde existen cada indicio de tortura y delito sexual», dijo Tania Agosti, de Raza e Igualdad.
El CAT indicó que estas acciones son el resultado de la ausencia de un órgano de control independiente y de la subordinación de las instituciones de seguridad al Poder Ejecutivo.
Funcionario de la ONU llama a Ortega que «recapacite»
Juan Pablo Vegas, relator para Nicaragua del Subcomité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (SPT – ONU) explicó que comparte las serias inquietudes del Comité Contra la Tortura sobre las personas presas políticas, la limitación para las visitas familiares y el bloqueo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud de los detenidos.
«Yo quisiera recordar que Nicaragua tiene obligaciones ineludibles en materia de prevención de tortura. La prevención y la erradicación de la tortura no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una posición de algún poder externo que viola la soberanía de un Estado; se trata más bien de una obligación internacional asumida al ratificar la Convención Contra la Tortura y sus protocolos facultativos», afirmó Vegas.
El funcionario de la ONU manifestó que Nicaragua, como el resto de la región, enfrenta «desafíos estructurales» para prevenir y acercarse a la erradicación de la tortura y los buenos tratos. Además, al tratarse de fenómenos profundamente arraigados en la sociedad, la situación en Nicaragua, «lamentablemente ha recrudecido en los últimos años».
La última visita de STP a Nicaragua fue en 2014, según el funcionario, y aseguró que ya es tiempo de volver a visitar el istmo centroamericano para dialogar con los gobiernos y «revertir esta situación».
«Toda la arquitectura de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se ha construido sobre la base del deber de cooperación de los Estados, pero es un verdadero desafío encontrar esa salida cuando ese deber de cooperación es transgredido de manera flagrante. El sistema universal no tiene las herramientas jurídicas aparentes o efectivas ante un Estado que no coopera. Nos corresponde a quienes formamos parte de este sistema buscar un resquicio o alguna rendija que nos permita hacer o decir algo», dijo.
«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mitigar la tremenda soledad, que imagino que las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día; así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país conforme a los estándares internacionales», añadió.
Vegas hizo un llamado a la dictadura nicaragüense a que «recapacite» de su posición respecto a las defensoras y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. «Que nos deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, ejercer sus derechos como le corresponden», indicó.
Derecho penal para criminalizar la disidencia
Juan Carlos Arce subrayó que, como resultado de este examen del Comité Contra la Tortura, el régimen es responsable de los compromisos internacionales que adquirió y que ahora desconoce. Uno de las preocupaciones fue la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial que faculta el uso del derecho penal para «criminalizar la disidencia», la vulneración de las garantías judiciales y la impunidad.
Alexandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), manifestó que la Policía Nacional, el Ministerio Público, Poder Judicial y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos han desarrollado una «deliberada intencionalidad represiva» orientada a la anulación de los derechos humanos de los nicaragüenses, en particular de las personas presas políticas.
«Además del incumplimiento de los cuerpos normativos de han venido aprobando nuevas leyes y reformas orientadas al cierre definitivo de los espacios cívicos, a la criminalización de la disidencia, a la libertad de expresión y manifestación; así como otros derechos humanos fundamentales que hacen evidentes que la política estatal de exterminio y persecución para la anulación completa del ser», aseguró.
Karina Sánchez, integrante de IM Defensoras, indicó que desde su organización han denunciado que el régimen de Ortega – Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal, lo cual impacta en todas las mujeres que ha decidido alzar su voz en contra de las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población nicaragüense.
Olga Guzmán, integrante de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), explicó que el panorama de la situación de los derechos humanos en Nicaragua es «muy desolador» porque el Estado se resiste a poner en marcha las recomendaciones de las organizaciones internacionales y se niegan a aceptar las visitas los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.