Estados Unidos sancionó a una decena de fiscales del régimen de Daniel Ortega. La lista la encabeza la fiscal Yubelca Pérez. El Departamento de Estado señala que Pérez «socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el periodo previo a las elecciones nacionales».
Ella es parte del grupo de fiscales que conformó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acusar a los manifestantes que protestaron desde abril de 2018. Pérez junto a otros funcionarios del Ministerio Público son los que se encargan de inventar los delitos por los que están en la cárcel más de 190 personas presas políticas.
Un exfiscal, en condición de anonimato, dijo a Artículo 66 que Yubelca Pérez llegó al Ministerio Público en el año 2004 en calidad de pasante a una oficina que estaba a cargo del fiscal de Granada, Juan Barrios. Su trabajo en ese lugar era resolver la mora judicial de expediente fiscal, indicó la fuente.
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Pérez lleva 18 años en la Fiscalía, cuando ingresó profesaba que era liberal y con el paso de los años, y la llegada de Ortega al poder en 2007, la fiscal «cambió de bando» y ahora es parte de la Juventud Sandinista (JS). Incluso conforma el grupo de fiscales bajo la protección de la sancionada Ana Julia Guido, fiscal general de la República.
«En ese momento (2004) ella señalaba que era liberal y bajo esa figura entró al Ministerio Público. En los años 2005 y 2006 estuvo en Ciudad Sandino como asistente fiscal, posteriormente ocupó ese mismo cargo en el Distrito IV hasta 2008. Hasta ese año se mantenía con tendencia PLC. En 2008 fue nombrada fiscal y estuvo en Puerto Cabezas. Ella quería trabajar en Managua y nunca le dieron el cambio, entonces ella se cambió a la línea del Frente Sandinista, después fue enviada a Madriz y Jinotega», dijo el exfiscal que trabajó con ella por varios años.
Otra exfiscal que trabajó muy de cerca con ella confió a Artículo 66 que ella se «siente orgullosa» de ser parte del grupo de allegados a Guido y de ser de los «fiscales de confianza. La fuente aseguró que Yubelca Pérez es una persona arrogante, de muy mal carácter que se ha caracterizado por maltratar a las víctimas.
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«Yubelka es miembro de la Juventud Sandinista, estuvo en la Unidad de delitos contra la violencia de género, luego pasó a la Unidad de delitos contra el crimen organizado. Fue fiscal previamente en Puerto Cabezas y Matagalpa antes de llegar a la Unidad contra la violencia de género. Ella siempre ha presumido ser del grupo de allegados, del cual se siente muy orgullosa de ser fiscales de confianza de Ana Julia Guido», manifestó.
«Cuando Ana Julia Guido asumió la Fiscalía General ella la trae a Managua y pasó a formar parte de la Unidad de Violencia de Género. Siendo una fiscal especializada en delito de género cumplía funciones acusatorias de todos los protestantes que estaban en ese momento contra el Gobierno. Su labor era hacer las acusaciones, firmarlas e ir a defender los casos a los juzgados, en las audiencias que se hacían en ese primer momento de la crisis», añadió el exfiscal.
La fuente explicó que ella es muy obediente a las órdenes del régimen. Señala que siempre cumple lo que le asignan, con la ayuda de los jueces orteguistas que acatan las disposiciones de la pareja dictatorial que mantiene a Nicaragua en una grave crisis de derechos humanos.
«Se ha mantenido por su identidad partidaria con el Frente Sandinista, por su fanatismo y actitud servil con el régimen de Nicaragua. Ante todas las irregularidades que comete, las sanciones (de Estados Unidos) son un pequeño paso porque ella lo que merece es enfrentar la justicia, aunque en el contexto sociopolítico de Nicaragua no se puede porque no hay una justicia independiente», subrayó la exfiscal.
«El fanatismo partidario les hace obviar y omitir la independencia (del Poder Judicial). Ella llegó a través de un concurso de oposición privado que vinieron a disminuir la calidad de los fiscales y la atención que se brinda a las víctimas. Son gente que han entrado (al Ministerio Público) por afinidad partidaria», agregó.
Ambos exfiscales coinciden que cuando en el país haya democracia todos los funcionarios que se han visto involucrados en estos casos de persecución política deben enfrentar procesos administrativos y penales por sus actuaciones contra el pueblo de Nicaragua.
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