El Ministerio Público de Nicaragua pidió este viernes 10 años de cárcel para el dirigente opositor Yubrank Miguel Suazo Herrera, acusado por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas, informó este viernes la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Los 10 años de prisión fueron solicitados por la Fiscalía durante la audiencia inicial celebrada en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como “Nuevo Chipote”, en el sur de Managua, indicó la Alianza Cívica, a la que pertenece Suazo, en una declaración pública.
Suazo es uno de los opositores que declaró, en junio de 2018, la ciudad nicaragüense de Masaya “territorio libre del dictador”, en alusión al presidente Daniel Ortega, y tras ser encarcelado, fue beneficiado por una Ley de Amnistía en junio de 2019.
Fue detenido la madrugada del 18 de mayo pasado “con lujo de violencia” en la casa de sus padres, ubicada en Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua, denunció entonces el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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El arresto de Suazo, de 31 años, se dio un día después de que denunciara que la Policía Nacional supuestamente estaba impidiendo el ingreso de los creyentes católicos a una parroquia de Masaya, que según los fieles, se encontraba sitiada.
La jueza Nalia Nadeshda Ubeda Obando, del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, citó para el 27 de julio próximo a la audiencia donde declarará culpable o inocente al dirigente opositor.
Suazo se suma a un grupo de 68 nicaragüenses que fueron detenidos durante 2021 en el marco del contexto electoral, entre los que se encuentran líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales independientes, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.
Al menos 57 han sido condenados a penas entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como “traición a la patria”, de los cuales 9 se encuentran bajo arresto domiciliario.
Ortega ha tildado a los opositores encarcelados, juzgados y condenados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
