Legisladores y organizaciones proinmigrantes de Florida pidieron este viernes al presidente estadounidense, Joe Biden, que conceda una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a decenas de miles de nicaragüenses, muchos de ellos indocumentados, que corren el riesgo de ser deportados.
En la carta, dirigida también al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los congresistas del sur de la Florida Frederica Wilson, Sheila Cherfilus-McCormick, Charlie Crist, Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar, los cuatro primeros demócratas y la quinta republicana, piden la extensión del TPS como una medida humanitaria que proteja a unos 65.000 nicaragüenses de una posible deportación.
“Le instamos encarecidamente a proteger a decenas de miles de hombres, mujeres y niños nicaragüenses que corren un gran riesgo para su seguridad, si regresan a Nicaragua en este momento”, señala la carta respaldada por organizaciones comunitarias como Florida Immigrant Coalition y American Friends Service Committee.
“El efecto combinado de la opresión sociopolítica del régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo), la respuesta fallida a la pandemia de covid-19 y los huracanes consecutivos a principios de 2020 paralizaron las oportunidades económicas de la ya segunda nación más pobre del hemisferio occidental”, subraya la carta.
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La misiva a Biden y Mayorkas alerta de que “la reciente expiración” del TPS, que les permite trabajar y residir legalmente en EE.UU., “pone en grave riesgo” a más de 4.500 nicaragüenses que huyeron de la destrucción del huracán Mitch en 1998, y a los más de 60.000 que han huido de la represión del régimen de Daniel Ortega si son repatriados por la fuerza”.
Según el Banco Mundial, añade el texto, la inestabilidad generalizada de estas crisis entre 2018 y 2020 causó una pérdida de casi el 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y redujo los ingresos de los hogares en un 44 % a mediados de 2021.
Avisa la carta de que la consolidación del “carácter dictatorial del régimen de Ortega” ha supuesto “el desmantelamiento sistemático de todos los procesos democráticos de gobierno”, lo que hace de Nicaragua actualmente un país “inseguro para los casi 65.000 nicaragüenses que actualmente buscan refugio en Estados Unidos”.
El grupo de legisladores de Florida condena la expulsión o cierre de al menos 454 organizaciones de derechos humanos, docentes, médicas o profesionales desde 2018 en el país centroamericano, además de la amenaza constante sobre la libertad académica y la autonomía de las universidades, con 12 instituciones bajo control del Estado “tras la cancelación arbitraria de su estatus legal”.
