Cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron que el presidente ilegítimo, Daniel Ortega, creía que había un grupo de monjas orando y rezando para que acabaran con su vida.
El documento, al que tuvo acceso el medio digital Confidencial, revela que, en una reunión privada realizada en abril de 2009, la entonces jefa de la Policía Nacional, comisionada Aminta Granera, le dijo al embajador de Estados Unidos en ese momento, Robert Callahan, que Ortega estaba «completamente loco» y era «una amenaza para el país». La comisionada no especificó a qué congregación pertenecían las religiosas, pero indicó que el dictador aseguraba que eran «monjitas muy mayores».
Granera también le confió que Ortega creía que ella conspiraba en su contra con el embajador estadounidense; además, Ortega temía que la popularidad de la exjefa policial la convirtiera en una potencial rival en las elecciones presidenciales como Violeta Barrios de Chamorro. Callahan afirmó haberla visto «visiblemente angustiada y agitada».
Noticia relacionada: Ortega expulsó a monjas porque creía que ellas rezaban para que lo asesinaran, según WikiLeaks
Las revelaciones ocurren una semana después que el régimen de Ortega expulsara del país a las Misioneras de la Caridad de la orden de santa Teresa de Calcuta.
Las Misioneras de la Caridad denunciaron ante la prensa católica italiana que su expulsión de Nicaragua fue «una absoluta sorpresa» porque «nunca hicieron ningún tipo de actividad política». Sor Agnesita manifestó que tuvieron que salir rápidamente de sus viviendas con «un gran dolor, dejando aquí a sus pobres».
En declaraciones a la agencia SIR, indicó que el «país está sufriendo, especialmente la Iglesia que es perseguida. No hay libertad, la situación económica es difícil y cada vez faltan más puestos de trabajo». Sostuvo que su objetivo siempre ha sido servir a los pobres y en Costa Rica encontraron muchos nicaragüenses forzados al exilio, de quienes también continuarán
El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza cumplió un mes sin ser visto por sus familiares. Sus parientes denunciaron que desconocen su estado de salud, desde la última visita autorizada en junio, y esa incomunicación a la que es sometido representa tortura psicológica.
Asimismo, Josefina Vijil, madre y abuela de las activistas Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, exigió que se autoricen las visitas familiares en «El Nuevo Chipote» porque hace 30 días no se conoce nada sobre las opositoras, al tiempo que demandó el respeto a los derechos de su nieta de seis años, a quien el régimen le niega ver a su mamá Tamara Dávila.
A su vez, este 11 de julio, el politólogo José Antonio Peraza cumplió 330 días preso en el mismo complejo policial, calificado por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas.
La red regional Voces del Sur documentó 67 casos de violaciones a la Libertad de Prensa perpetradas en junio en Nicaragua. La mayoría de los abusos fueron dirigidos contra medios de comunicación independientes y religiosos, e incluyó allanamientos, cierres en la televisión por cable y la cancelación de personerías jurídicas de asociaciones que producían programas radiales, así como su posterior expropiación.
Noticia relacionada: Opositores reaccionan al identikit de Tamara Dávila: «¡Duele verte así. Tu dignidad nos inspira!»
La red también registró la restricción migratoria impuesta de facto a tres periodistas y el exilio de cinco comunicadores. La organización reveló que, según una encuesta en Twitter, la población advierte que los medios de comunicación tradicionales han dejado de abordar temas políticos, en un contexto de amenazas de cierre definitivo.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), condenaron enérgicamente la «continuidad de las acciones represivas» del régimen contra el gremio y demandaron el cese inmediato de cualquier acción que ponga en riesgo la integridad y libertad de los trabajadores del diario La Prensa, detenidos la semana anterior.
Una familia nicaragüense fue masacrada en Huacas, en Santa Cruz-Guanacaste, Costa Rica, por presuntos sicarios que, según versiones locales, habrían confundido a la familia con un sujeto ligado a drogas que vivía en la zona.
El crimen ocurrió la noche del sábado, nueve de julio, cuando los desconocidos llegaron a la vivienda y dispararon contra seis integrantes, acabando con la vida de cinco de ellos, incluida una mujer de la tercera edad; mientras otro pariente logró esconderse y salir vivo. La familia tenía una semana de alquilar la casa y, al momento, se conoce de la captura de dos sospechosos.
El hijo mayor de la señora, Oniel Rayo Cardoza, dijo a medios locales que desea regresar a Nicaragua y, junto a sus demás parientes, solicita ayuda para repatriar los cuerpos.
Este lunes, 11 de julio, la familia de Tamara Dávila mostró un retrato hablado digital de la presa política a más de un año de su encierro en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote».
En la fotografía, presentada por Sadie Rivas, prima de la rehén de conciencia, se ve a Tamara Dávila, de 41 años, muy demacrada, con ojeras y extremamente delgada. En la cárcel es sometida a mala alimentación, está incomunicada, aislada, sin acceso a horas de sol, sin material de lectura y sin poder ver a su hija de seis años desde su detención. La defensora de derechos humanos ha perdido unas 40 libras de peso y, según denuncias, actualmente pesa menos de cien libras.
