El Juez Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, decretó 90 días de prisión para que el Ministerio Publico (MP) «investigue» a dos trabajadores del diario La Prensa, detenidos arbitrariamente la noche del miércoles seis de julio por agentes de la Policía orteguista.
La audiencia de «tutela de garantías» donde se amplió el proceso investigativo contra los dos conductores se realizó el viernes, ocho de julio, a las cinco de la tarde. No se permitió la presencia de abogados defensores.
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Los dos nuevos ciudadanos que engrosan la lista de presos políticos en Nicaragua son los conductores, Carlos Lam y Mario Sánchez, los que fueron secuestrados luego de la cobertura a la expulsión de las Hermanas de la Caridad.
Según La Prensa, el Fiscal que lleva el caso es Manuel Rugama, «el mismo que estuvo a cargo de la acusación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FCBCH), en cuyo proceso interrogó a decenas de periodistas».
Se conoce que los dos trabajadores del medio de comunicación están recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Nuevo Chipote», en Managua, donde están más de 30 rehenes de conciencia.
Para la La Prensa, ante la ausencia de pruebas, el MP amplió el plazo de la investigación «para armar un caso» contra sus trabajadores. Cabe señalar que esta medida, la dictadura la ha hecho contra la mayoría de los reos políticos en «El Chipote».
Trabajadores dieron cobertura a expulsión de monjas
Estas acciones contra la libertad de prensa se dieron contra algunos miembros del equipo periodístico que dieron cobertura a la expulsión de las Hermanas Misioneras de la Caridad que tenían su sede en Granada, Nicaragua.
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«La persecución estuvo dirigida al equipo que dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de las Misioneras de la Caridad por parte del orteguismo. El conductor que movilizó al equipo periodístico fue secuestrado de la casa de su familia al caer la noche del miércoles», señala la publicación.
«El otro conductor del Diario, que no estuvo involucrado en la cobertura, también fue detenido por policías alrededor de la medianoche. Posteriormente, patrullas policiales llegaron a la casa de la reportera que cubrió el tema y la vivienda de un fotógrafo fue allanada durante la madrugada», agregó el diario.
«La historia del diario La Prensa está llena de atropellos perpetrados por aquellos que se sienten amenazados por el derecho de los ciudadanos, constitucionalmente establecido, de dar y recibir información. Estamos ante un ataque más para callarnos», denunció el medio en su sitio web.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la «nueva ola de persecución» ejercida por el Gobierno de Nicaragua contra trabajadores de La Prensa, y exigió la liberación de periodistas y personal de este diario.
