Dos conductores y un fotógrafo del diario La Prensa fueron detenidos la noche del seis de julio, tras darle cobertura a la expulsión de las Misioneras de la Caridad. El arresto fue confirmado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que calificó el hecho como una «limitación a la libertad de expresión» y demandó la libertad inmediata del equipo periodístico.
El medio digital Fuentes Confiables reveló que dos de los arrestados son Carlos Lam y Mario Sánchez, quienes fueron sacados de su vivienda de manera arbitraria. Además, el medio Expediente Público informó que la casa de la exsecretaria del jefe de prensa, Eduardo Enríquez, también fue allanada.
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Un pariente narró que uno de los detenidos es su suegro, quien ofrece sus servicios de conductor privado y nunca ha sido activista. A través de Twitter, detalló que el chófer fue sacado de la casa de su mamá frente a su familia, de forma brutal e injusta, y sin orden judicial.
Familiares de los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro demandaron al régimen de Nicaragua cesar la «política de exterminio» y permitirles la comunicación con sus parientes como establecen las leyes del país.
En una conferencia virtual, las familiares detallaron que los reos continúan bajo aislamiento, en condiciones inhumanas, sin atención médica, mal alimentados y con padecimientos que han desarrollado en prisión.
Presentaron retratos hablados de Juan Lorenzo Holmann y Juan Sebastián Chamorro que muestran su deterioro físico y pidieron al régimen autorizarles el ingreso a las cárceles para constatar el estado de salud de los presos.
El abogado internacional de Maradiaga y Chamorro, Jared Genser, manifestó que «las condiciones en Nicaragua están entre las peores que ha visto durante su carrera de 20 años, en el tema de derechos humanos», mientras Juan Pappier, investigador del observatorio de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), hizo un llamado urgente a los demás países a aumentar el escrutinio internacional en esta situación de crisis.
Una Comisión Internacional, conformada por parlamentarios y dirigentes de izquierda de Argentina, del bloque Frente Amplio de Costa Rica, exiliados, referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales, marchará este viernes, ocho de julio, desde el Parlamento de Costa Rica hacia la frontera con Nicaragua con el objetivo de demandar al régimen el acceso a las cárceles para verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas.
El régimen Ortega-Murillo «celebrará» este viernes, ocho de julio, la masacre perpetrada por un contingente de al menos 2,000 armados que acabó con la vida de 38 personas en Jinotepe, Carazo, en el contexto de las protestas de 2018.
La vocera Rosario Murillo manifestó que en esa fecha «se cumple un aniversario más de la derrota» de los opositores y advirtió que su régimen no permitirá otra protesta, a la que llama «golpismo».
Murillo aprovechó para acusar a los sacerdotes de «usar el nombre de Dios en vano» durante las manifestaciones, y celebró la próxima inauguración de un supuesto centro para la niñez en Granada, tras la expulsión y apropiación de la casa-hogar de las Misioneras de la Caridad.
La dictadura le concedió la nacionalidad nicaragüense a la ciudadana venezolana Esther Arrúe Ramírez. Gobernación señala que Arrúe llegó a Nicaragua en octubre de 2017 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. Está casada y posee lazos de consanguinidad con nicaragüense. En sus redes sociales, la nacionalizada se presenta como médico cirujano con especialidad en nutrición clínica.
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Este siete de julio, el régimen también dio a conocer el nombramiento de funcionarios en la Cancillería de la República, el Ministerio Agropecuario (MAG) y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
El régimen nombró a Ivania del Carmen León Rivas en el cargo de viceministra del Ministerio Agropecuario, a Aida Leticia Talavera Aráuz en el cargo de secretaria de ceremonial y protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y a Yaosca Calderón Martín en el cargo de codirectora del Intur.
