La organización independiente Urnas Abiertas presentó un análisis de la toma de las alcaldías opositoras del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el asalto a las comunas de Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan.
Urnas Abiertas señala que en todos los municipios las tomas de las alcaldías opositoras fueron realizadas por efectivos policiales, acompañados por otros operadores políticos como secretarios políticos, alcaldes oficialistas, paramilitares, entre otros.
Noticia relacionada: Policías armados cercan alcaldías de CxL, asaltadas por la dictadura de Ortega
Asegura que ninguna de las tomas ilegales ni la Policía ni los operadores políticos presentaron órdenes judiciales o cualquier otro tipo de documentación oficial que justifique la acción, más bien se reportan retenciones, amenazas verbales, allanamientos ilegales y un asalto de características militares.
«Extraoficialmente se conoce que los ejecutores de las tomas designaron de manera ilegítima nuevas autoridades, las cuales todavía no han sido comunicadas oficialmente ni juramentadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), por lo que la información reportada en esta entrega de Urnas Abiertas podría variar si así lo decide el régimen», revela.
El organismo explica que la Policía es un cuerpo del Estado «que resguarda el orden para la ciudadanía», pero «transgreden su propia norma jurídica al no cumplir su naturaleza profesional, apolítica, apartidista y en estricto apego a la Constitución Política de Nicaragua».
La Policía, en consecuencia, incurrió en violaciones a su propia ley y se realizaron «hechos inconstitucionales en tanto ejercen más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes» penales y municipales.
En el caso de la Alcaldía de Santa María de Pantasma, el observatorio identifica como el principal artífice del despojo de la la comuna que administraba Óscar Gadea al capitán Denis Jarquín Iría, jefe policial del municipio. En la acción también participaron Ramón López Orontes, secretario político municipal y Santos Gonzalo Herrera Real, concejal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«El gobierno al no respetar la voluntad popular quebranta e infringe la Constitución y la soberanía nacional que reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos. Además, representan la eliminación definitiva de la autonomía municipal, en un proceso ilegal, con abuso de autoridad y sin respetar el debido proceso», argumenta.
El análisis de Urnas Abiertas explica que La Ley de Municipios, Ley 40, y la Constitución Política de Nicaragua establecen causales para la terminación de un puesto municipal, como: abandono de funciones, fallecimiento, entre otros, pero no establece explícitamente la sustitución de alcaldes por partidos políticos cancelados.
