La organización no gubernamental ilegalizada por el régimen Ortega-Murillo Grupo Venancia sentenció que aunque sus puertas sean cerradas «abrimos más nuestras alas» en respuesta a la cancelación de su personalidad jurídica por parte de los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional.
Grupo Venancia es una de las más de 100 ONG despojadas esta semana de su permiso para operar en el país. Ya son más de 850 las asociaciones y organizaciones que la dictadura ha mandado a cerrar. La cifra podría aumentar en los próximos días.
La ONG asegura que su cancelación es un «golpe» que «duele» pero no las derriba porque «cada vez que tocan a una respondemos y nos acuerpamos todas, y eso solo nos fortalece».
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«Grupo Venancia es una apuesta política colectiva que nos une a otras mujeres, organizaciones y redes en espacios locales, nacionales y regionales, y eso no lo cancela nadie. No somos un papel ni cuatro paredes, como bien ya han dicho otras. Nos mantenemos en resistencia, y con creatividad seguiremos alzando vuelo para que Nicaragua florezca libre y feminista», señala.
«Elevamos nuestra protesta ante la cancelación arbitraria de la personería jurídica de Grupo Venancia, ya que al igual que cientos de organizaciones, hemos cumplido con todos los requerimientos legales para funcionar de forma transparente desde que nacimos hace 31 años», denunció la ONG en sus redes sociales.
La organización trabajaba temas de educación y comunicación popular feminista con mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente de comunidades rurales de Matagalpa y Jinotega para él reconocimiento de sus derechos humanos en diferentes contextos y articulaban esfuerzos para cuestionar al poder y posicionar sus demandas frente al Estado y a la sociedad.
«Durante estos años hemos impulsado procesos de empoderamiento personal y colectivo para sostener la vida de manera integral, sea para luchar contra la violencia machista y acompañar la sanación de las heridas que nos deja, como para que se reconozca la libertad de amar a quien queramos, la importancia del arte y la cultura, las tareas de cuidados, nuestra relación con la tierra y el impacto de proyectos extractivistas, entre muchos otros temas», destacan.
«Este no es un golpe a nosotras como organización, sino a las mujeres que acompañamos, a las que quieren cambiar sus mentes, a defensoras y activistas feministas y a todo el tejido comunitario que resiste, no solo en el norte, sino en toda Nicaragua», añade.
En el comunicado reconocen el «apoyo solidario internacional y de organismos de cooperación» con los que crear alianzas desde su fundación. Aseguran que los organismos donantes «han sido testigos de la transparencia en el manejo de fondos y rendición de cuentas sobre nuestros procesos».
«Ningún cierre legal elimina el profundo compromiso con los derechos humanos y el semillero creciendo en generaciones de mujeres que se suman al vuelo de esta marea feminista que defiende la idea de que somos personas sujetas de derecho porque sin nuestra participación no hay libertad, justicia, democracia ni desarrollo», afirma.