El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó un nuevo informe sobre la situación de derechos en Nicaragua titulado «Entre represión y resistencia ciudadana». Mediante el documento denuncian la «impunidad, violencia, represión y ataques» en contra de opositores, artistas, periodistas y líderes religiosos.
«La estrategia gubernamental está dirigida a acallar todas las voces que de forma organizada o de manera individual refutan la narrativa oficial, demandan justicia o representan un obstáculo para la consolidación de su sistema político y económico. En esa lógica, desde 2021 el gobierno ha arreciado su accionar primero contra periodistas, miembros de la sociedad civil y otros sectores, posteriormente contra sacerdotes de la Iglesia católica», manifestó la organización.
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Denuncian que las estrategias de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han centrado en «la aniquilación del origen o raíz de cualquier acción de ciudadanía» como una respuesta totalitaria y eliminación de «aquellos a los que el régimen considera enemigos».
El Colectivo asegura que Ortega se ha dedicado a nutrir de recursos económicos los órganos represivos que utiliza a su favor como es el caso de la Policía Nacional, aumento que se expresa en el aumento de nuevos policías y en el rápido incremento de recursos a partir de 2018, el presupuesto asignado a los servicios de orden público y seguridad en 2022 fue de 12,316 millones de córdobas, equivalentes a 350 millones de dólares, lo que se traduce en un 12,6 % más que en 2021.
Los defensores de derechos humanos también rechazaron la arremetida en contra de líderes de la iglesia católica que han sufrido represión por «su trabajo de acompañamiento y denuncia frente los abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado nicaragüense», estos actos han implicado profanación de iglesias, ataques directos contra la integridad de sacerdotes y el «despojo» de sus bienes.
El régimen a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó a las empresas que brindan servicio de cable en Nicaragua sacar de sus servicios al Canal Católico, dirigido por la Conferencia Episcopal, el cual dejó de operar a partir de esa fecha quedando solamente la transmisión por redes sociales. El gobierno se apropió de la frecuencia del Canal 51 para colocar un nuevo medio de comunicación con fines de propaganda gubernamental. Recientemente orientó la suspensión de la señal católica TV Merced.
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El Colectivo además rechaza la persecución que ha ejercido el régimen contra opositores y voces disidentes a su administración. Destacan que Ortega ha instalado la impunidad por medio de la «pulverización de la independencia de las instituciones que incluyen un obstáculo en la justicia de Nicaragua».
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas cuestionadas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por la dictadura como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce solo 200.