La violencia física y psicológica, amenazas de muerte, robo con violencia, violencia sexual, violencia laboral e institucional, suicidios y crímenes de odio, son parte de las expresiones agresivas que sufre la población LGBTIQA+ en Nicaragua, según el informe anual Violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua de 2021 del Programa Feminista La Corriente.
Entre enero de 2021 y marzo de este año, 81 personas de la población diversa fueron víctimas de violencia y discriminación en el país, la mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. La mayoría de los victimarios son desconocidos, familiares cercanos, vecinos, funcionarios públicos, amigos y empleados de establecimientos privados. La calle, los parques, la casa, las instituciones públicas, casas de amigos y gimnasios, figuran entre los espacios en donde se han cometido las agresiones y actos discriminatorios.
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El documento de La Corriente señala que todas las expresiones de violencia contra las personas diversas muestran a una sociedad que tolera, justifica y ejerce la violencia contra «todos aquellos cuerpos que subvierten el orden sexual y de género impuesto». Un investigador y defensor de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, que pidió el anonimato por temor a represalias, explicó que quienes «se llevan la peor parte son quienes más visibilizan su identidad y están expuestos a la discriminación, como las personas transgénero».
El informe de La Corriente recoge el crimen de odio contra Kendra Contreras, de 22 años, una mujer tras conocida como «Lala» que fue asesinada con saña y crueldad en Somotillo la madrugada del tres de marzo de 2021, hace más de un año. El transfemicidio de Contreras recorrió el mundo, por lo inhumano del crimen: fue amarada a un caballo y arrastrada por unos 400 metros, horas antes del amanecer. Murió lapidada.
Por el crimen contra Lala fueron acusados, declarados culpables y condenados a cadena perpetua Bernardo Pastrana, de 29 años y Jorge Mondragón, de 25 años. La Fiscalía acusó a los perpetradores por el delito de asesinato agravado. Marycè Mejía, enlace de la Red de Mujeres Contra Violencia (RMCV), explicó que los crímenes de odio en Nicaragua se encuentran latentes por el machismo y la misoginia que hay en el país y América Latina. «Los delitos contra la población LGBTIQA+ son sonados y conocidos por la saña y la crueldad con que son cometidos, son delitos cometidos de manera consciente; con alevosía y ventaja», dijo.
Los crímenes o delitos de odio
Según el defensor de derechos humanos, el término «crímenes de odio» surgió a finales de los años 70 en Estados Unidos cuando se hizo referencia a algunos casos de asesinato a gente negra. Los medios de comunicación fueron los que se encargaron de calificarlo como tales y otros movimientos sociales, con el paso del tiempo, se fueron apropiando del concepto. «Nosotros lo llamamos crimen de odio basado en la orientación sexual y la identidad de género. En el 2009 hubo una reforma al Código Penal que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo y aparecen dos artículos que penalizan la discriminación, pero hay varias debilidades jurídicas», considera.
«Ni siquiera hay una claridad de los temas que abordan ambos artículos; cuando vamos a revisar los términos bajo los cuales se pueden aplicar esos delitos como agravantes surgen algunos requerimientos como que el agresor que haya cometido un delito contra personas LGBTIQA+ tiene que ser reincidente, es decir, que tenemos que demostrar que esa persona se ha conducido con anterioridad de la misma forma discriminatoria, tiene que haber un historial de rechazo de esa persona hacia su víctima», añadió.
Mejía, la integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, apunta que en el país hay demasiada «desprotección hacia la población LGBTIQA+ sobre este tema de la violencia y el marco jurídico que las protege. Nicaragua es un país con retraso por el irrespeto a los derechos humanos de la diversidad sexual y el escaso marco jurídico de protección. Ni siquiera tenemos una Ley de Identidad de Género».
Afirmó que, a pesar que haya varias iniciativas de leyes para proteger los derechos de la población diversa, estos proyectos no avanzan a causa del machismo y la misoginia porque nos encontramos con «instituciones de Estado que no protegen la vida de las personas más vulnerables; como que no hay importancia de reconocer estos derechos que también son derechos humanos y merecen respeto, libertad».
«El Estado debe promover estos derechos para que nos encontremos en una sociedad más inclusiva y libre de discriminación; sin embargo, hemos visto todo lo contrario. Se ha dañado la integridad física y emocional de las personas LGBTIQA+, muchos exiliados, asesinados, es un indicador de la gravedad del tema en Nicaragua», mencionó.
Procuraduría LGBTIQA+, ineficiente
Los expertos explican que el papel que ha jugado la Procuraduría para la Diversidad Sexual es «bastante deficiente e ineficiente» porque no existe ninguna atención a la población LGBTIQA+, no han visto un reconocimiento que sea referente de respeto y atención a los derechos humanos de la diversidad. El investigador y defensor de derechos humanos señaló que los inicios de la Procuraduría no fueron los correctos porque la elección de la procuradora se hizo bajo una negociación con custro organizaciones LGBTIQA+ con la vicedictadora Rosario Murillo.
«No se hizo en consulta ni amplia, ni por oposición, ni se hizo convocatoria abierta, ni nada. Simplemente fueron cuatro personas a negociar con la vicepresidenta y acordaron, incluso su nombramiento. Su génesis no fue la correcta. El marco jurídico de la misma Procuraduría no habla de una procuradora especial (para la diversidad sexual). No tiene estructura ni presupuesto. Su existencia ha dependido de la voluntad de la persona que esté a la cabeza en la Procuraduría», lamentó.
«Falta mucho en Nicaragua para que las instituciones sean referentes y eduquen a la población y a la sociedad para que sean más inclusivos, menos discriminatoria y más igualitaria en todos los sentidos», agregó Mejía. Intentamos comunicarnos con la procuradora especial para la diversidad sexual, Samira Montiel, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Acceso a la educación, salud y empleo
Los entrevistados coincidieron que en el país existe un «entorno adverso» para la población LGBTIQA+ que les impide gozar de salud, educación y oportunidades de empleos de calidad. La diversidad sexual siempre está en la búsqueda de la sobrevivencia, con trabajos precarios y discriminatorios. Uno de ellos explicó que diversos estudios registran un alto nivel de desempleo entre las personas LGBTIQA+ a raíz de la crisis de abril 2018 y la pandemia lo agravó.
«El Movimiento LGBTIQA+ en América Latina, se vive de manera específica de avance o retroceso, según el país donde nos encontramos y Nicaragua es un país que, a como hemos visto, ha venido en retroceso en el respeto a los derechos humanos y principalmente de las personas más vulnerables, sobretodo en estos derechos tan básicos como la salud, educación y empleo», dijo Mejía de la RMCV.
El investigador y defensor de derechos humanos dice que, aunque ha mejorado la parte de la visibilidad de las personas LGBTIQA+, la discriminación en los centros escolares es alta, hay un alto nivel de bullying desde los diferentes sectores, es decir, desde el cuerpo académico, los padres de familia y los estudiantes, así como el personal de apoyo de las escuelas; esto se traduce en un alto nivel deserción escolar.
A las personas trans son a quienes se les recorta sus oportunidades de sus estudios en el sistema educativo y cada vez tienen menos posibilidades de acceso a empleo. «La mayoría de las personas no terminan la secundaria porque tienen que lidiar con el acoso y discriminación en los centros de estudios. Cambian de escuela a escuela y ponen en riesgo su derecho a la educación», remarcó.
«Hay una buena cantidad de personas LGBTIQA+ que están estudiando carreras técnicas o educación superior, pero es poco el porcentaje de ellas y ellos que se preparan. Esto también tiene que ver con la homofobia en los puestos de trabajo. Quienes se llevan la peor parte son quienes más visibilizan su identidad y están expuestos a la discriminación como las personas transgénero», finalizó.
En el caso de la salud también hay muchos problemas, aseguran. Explican que cuando una persona trans asiste a citas médicas son llamadas por su nombre legal y no el nombre socialmente asumido, violando sus derechos humanos y afectando su estado de ánimo. Denunciaron que, aunque haya el servicio de antirretroviral para las personas con VIH, acceso a pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, las condiciones de acceso al servicio del sistema público son deficientes y la mayoría de la población LGBTIQA+ denuncia discriminación.
ONU demanda garantías
Por su parte, delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han instado a los gobiernos a garantizar el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+, en especial a las que han abandonado su país por la persecución de la que son víctimas en su territorio.
En una declaración conjunta publicada en marzo de 2022, los expertos reconocieron que «entre los 84 millones de personas desplazadas en todo el mundo en la actualidad, las personas LGBT se encuentran entre las más vulnerables y marginadas. Al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que discriminan activamente por motivos de orientación sexual e identidad de género».
Remarcan que esas situaciones empeoran para quienes entran en una dinámica de no contar con documentación o están en proceso de peticiones de refugio, como sucede con centenares de nicaragüenses.
«Dado que el número de personas desplazadas por la fuerza sigue aumentando, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan plenamente en cuenta las dimensiones interseccionales del desplazamiento forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT», destaca el pronunciamiento.
