Este 22 de junio se cumplen nueve años del ataque contra los ancianos y jóvenes que protestaban para que se respetara el derecho a una pensión reducida de vejez, protestas conocidas como «Ocupa INSS». Las agresiones «quedaron para la historia» captadas en cámaras de videos que se encontraban en la zonas cercanas a la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en Managua.
En junio 2013, cuando Ortega estaba en su segundo periodo consecutivo luego de haber retomado el poder como presidente en 2007, iniciaron varias protestas en contra de su gestión en la seguridad social, a las cuales el régimen respondió violentamente a las actividades cívicas.
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Los adultos mayores, protagonistas de aquella manifestación pacífica, comenzaron a demandar la pensión reducida. Al no ser escuchados por el gobierno sandinista decidieron tomarse la sede INSS como forma de presión. El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, dijo en ese momento que iban a tomarse varias sedes del Seguro Social hasta que el gobierno y la Asamblea Nacional aprobaran una ley de pensión mínima para más de 15 mil trabajadores retirados que no completaron las 750 cotizaciones semanales exigidas para tener derecho a ella.
Los policías se mostraron insensibles para con los adultos mayores y mantuvieron acordonados los alrededores de la sede central del INSS estando adentro los ancianos por varios días sin alimento y agua, como una forma de presión para que desistieran de protestar.
La noche previa al ataque, los jóvenes protagonizaron un concierto en apoyo a los abuelos que pedían al gobierno una pensión reducida. Por el lugar, desfilaron artistas como Danilo Norori, Perrozompo y la Cuneta Son Machín apoyando la causa. Algunos de los jóvenes cargaban candelas en medio de la oscuridad.
Según denuncias, la madrugada del sábado, 22 de junio, cinco camiones de la Alcaldía de Managua trasladaron a los agresores a ejecutar las órdenes de desalojo forzado de los ancianos y jóvenes que acampaban pacíficamente en las inmediaciones del INSS. Ese día también se dio el asalto de varias pertenencias y vehículos por parte de paramilitares.
Los afectados con el robo de sus pertenencias aseguraron que después de eso no conocieron más del paradero de sus pertenencias a pesar de haber interpuesto denuncias ante la Policía, pero la institución nunca tomó cartas en el asunto.
A pesar de las pruebas de testigos y videos que probaron la participación de equipos y personal de la Alcaldía capitalina en la agresión, la entonces alcaldesa de Managua, Daysi Torres, negó el 17 de julio del 2013 que desde los planteles de municipalidad hayan salido los camiones para transportar a los miembros de la Juventud Sandinista.
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En abril de 2018 fueron las mismas protestas por la mala administración en el Seguro Social y la solicitud de reformas a la ley lo que dejó 355 víctimas de la represión ejercida por la dictadura, según el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo de 2018 y redactó un informe en el que informaba de 212 fallecidos como «resultado del uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales». Pero precisaba que la violencia persistía, por lo que las cifras estaban sujetas a cambios. Las organizaciones opositoras continúan demandando justicia por las víctimas que dejaron las protestas de hace nueve años hasta la actualidad.
