La Asociación Madres de Abril (AMA) rememora y continúa su demanda de justicia por el asesinato de Jasson Ricardo Potoy, víctima de un ataque perpetrado por fuerzas paramilitares contra pobladores que se encontraban atrincherados en las barricas en los límites del Barrio Monimbó, según el organismo.
El joven, de 22 años falleció, a las 10:30 de la noche el tres de junio de 2018 luego de recibir «un disparo de arma de fuego a nivel lumbar paravertebral, que perforó hígado, riñón y bazo. Sus compañeros lucharon por más de media hora para recuperar su cuerpo, dado que mientras la víctima agonizaba en la calle, fue golpeado y arrastrado por sus atacantes», denuncia la organización de madres.
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Potoy era originario de Monimbó, Masaya. Se ganaba la vida como artesano en una zapatería. Su madre María Melania Potoy lo describe como un joven «alegre, muy popular. Le gustaba siempre andar con sus amigos y ver partidos de fútbol en la televisión».
Jeisson es uno de los 13 jóvenes entre las edades de 19 y 29 años que fueron asesinados en Masaya en ese contexto. «El primer día –18 de abril de 2018– él me dijo que no le gustaba que golpearan a los ancianos. Me decía que él tenía que pelear por ellos, por su abuelo», agrega su progenitora.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que 355 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas, según apunta la última actualización que realizó el organismo a finales de 2021. Las madres de abril continúan clamando justicia para sus hijos asesinados a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El organismo ha denunciado que a cuatro años de la la rebelión cívica han «vivido» bajo un estado policial, en constante hostigamiento e intimidación, «especialmente durante el aniversario de los asesinatos de nuestros familiares».
La Asociación Madres de Abril demanda a la administración de Ortega la «creación de una Fiscalía especial con base en la recomendación del GIEI, la derogación de la Ley de Amnistía, 996, y la Ley Integral de Atención a Víctimas, 994; y la creación de una Comisión de la Verdad independiente que respete la participación autónoma de las víctimas en su carácter de sujetas de derechos».
