El Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) emitió una resolución en denuncia el «agravamiento de la situación en Nicaragua, con constantes y crecientes violaciones a los derechos humanos» de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante el 23 congreso del organismo, los miembros rechazaron que las elecciones generales de noviembre de 2021 resultaron en una nueva reelección de Ortega, las cuales han sido catalogadas por la oposición nicaragüense y la comunidad internacional “como fraudulentas e ilegítimas, ya que no cumplieron el estándar internacional de unas elecciones libres»; además de que en este contexto el régimen desencadenó una cacería en contra de opositores.
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Asimismo denunciaron que los más de 170 opositores aún siguen en las cárceles y ya condenados a varios años de prisión,120 presos políticos relacionados con las protestas de 2018, y 60 dirigentes de todos los sectores víctimas de una cacería durante la campaña electoral del 2021, incluyendo 7 precandidatos presidenciales, “todos sometidos permanentemente a tratos crueles e inhumanos».

La organización continuó manifestando su rechazo en contra de la represión ejercida por Ortega, y aseguraron que, «a pesar de múltiples llamados de la comunidad internacional a que el gobierno de Nicaragua cese la represión, restaure las libertades públicas, y dé pasos para la democratización de Nicaragua, no hay ninguna respuesta ni apertura que permita al pueblo de Nicaragua encaminarse a la paz, la democracia y el desarrollo».
Solicitaron también a la dictadura “cesar los asedios policiales a las casas de los opositores, y liberar en forma definitiva e incondicional a todos los presos políticos. Restaurar de inmediato todas las libertades públicas restringidas o eliminadas, tanto de prensa como de movilización y organización, incluyendo el derecho de la sociedad civil a organizar ONG, de las cuales han sido anuladas más de 150 por parte del régimen en los últimos tres meses».
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A su vez, demandaron al régimen «hacer reformas electorales profundas que permitan la realización a la brevedad posible de elecciones libres y transparentes, con observación electoral nacional en internacional, que permitan al pueblo de Nicaragua ejercer su derecho al sufragio, y elegir el gobierno de su preferencia».
El Congreso finalizó el comunicado reiterando su disposición para continuar «apoyando» las iniciativas internacionales en la búsqueda de una solución política y pacífica a la «grave crisis que afecta al pueblo de Nicaragua», y que preocupa a la comunidad internacional.