La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer este 24 de mayo al equipo de tres abogados que serán los encargados de dirigir la investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, indagación que se enmarca en los crímenes cometidos en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.
Jan-Michael Simon, originario de Alemania, será quien presida el «Mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua». El experto es investigador en derecho penal, licenciado en Derecho por la Universidad de Bonn.
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Entre 2004 y 2019, dentro de la antigua estructura de secciones de países del Departamento de Derecho Penal, Jan Simon fue el jefe de la sección de América Latina. Entre 2005 y 2007 coordinó el establecimiento de las Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck sobre Represalias, Mediación y Sanción (IMPRS REMEP) y sobre Derecho Penal Comparado (IMPRS-CC).
Entre 2007 y 2019 se incorporó al IMPRS-CC como su coordinador académico. En 2018 fue investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Huánuco/Perú) y profesor invitado de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa/Perú).
El jurista también recibió el doctor honoris causa de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (Juliaca/Perú). Fue investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Lucha contra la impunidad»
Simon, en su labor, «combina regularmente» la investigación con el trabajo de campo en temas relacionados con las violaciones de los derechos humanos, el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la anticorrupción.
Se ha unido a misiones internacionales dirigidas por las Naciones Unidas, como oficial jurídico superior e investigador de campo, y la Organización de los Estados Americanos, como asesor especial.
También ha liderado y coordinado la implementación de programas y proyectos de cooperación técnica para las reformas del sector de la justicia y la seguridad, y la defensa de los derechos humanos. Contribuye regularmente a iniciativas de la sociedad civil, por ejemplo: OSJI, DPLF, CEJIL, WOLA.
Cabe señalar que el experto analiza también el impacto de la corrupción política en los derechos humanos (desafiando la noción de corrupción política como un crimen sin víctimas) y en la seguridad internacional (desafiando las presunciones de que las consecuencias de la corrupción política se limitan al ámbito doméstico).
Álvarez, especialista en derecho
Referente al especialista en derecho Alexandro Álvarez Alarcón, de Chile, se conoció a través del Instituto Internacional Henry Dunant, que este otro designado por la ONU para investigar a Ortega es máster en Derecho (LL.M.) y Magíster en Ciencia Política.
Según los datos, el abogado tiene amplia trayectoria en asuntos públicos. Asesorías jurídica, legislativa y política. Las materias se han concentrado básicamente en Derecho Público en general, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas.
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Desde marzo de 2014, a la fecha presta asesoría legal en política, políticas públicas y legislativas en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, es profesor de Introducción al Derecho, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en la Universidad Central de Chile (marzo 2014 hasta la fecha).
Buitrago Ruiz, especialista en derecho penal
En cuanto a Ángela María Buitrago Ruiz, originaria de Colombia, es abogada de la Universidad Externado de su país, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho Penal y Doctora en Derecho y en Sociología de esta misma Universidad.
Es Docente de pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia en Derecho Penal. Igualmente, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca.
¿Ortega les permitirá ingreso?
Hasta el momento se desconoce si los tres expertos solicitarán al gobierno de Ortega entrar a Nicaragua o trabajarán desde afuera del país. En 2018, la dictadura sacó a la delegación de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la creación de un mecanismo compuesto por personas expertas internacionales e independientes con el mandato de establecer «rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018 en Nicaragua».
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La resolución «Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua» que manda a crear dicho mecanismo fue aprobada con el voto favorable de 20 países, siete en contra y 20 abstenciones.
Por su parte, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, no se han pronunciado ante esta nueva asignación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nuevamente pone bajo la lupa las acciones violatorias a los derecho humanos contra los nicaragüenses.
