La dictadura de Nicaragua ha usado el Ministerio Público para acusar a sus opositores; esto refleja que no es una institución independiente y que únicamente responde a los intereses de la clase política, explicó Alexander Rodríguez, experto internacional en Ministerios Públicos durante la presentación de la «Guía para orientar el Ministerio Público nicaragüense hacia la democracia» elaborado por la organización Expediente Abierto.
Rodríguez sostuvo que en Nicaragua se eliminó el proceso de selección por mérito de los fiscales y todo lo que se había avanzado en la profesionalización de la institución, la Fiscalía «lo echó a la basura». «(Los fiscales) son nombrados por su afinidad política, eso es un gran problema, cuando el fiscal le debe el puesto a alguien, entonces va a responder a esos intereses de quien maneja el Ministerio Público», señaló.
El Ministerio Público, según el especialista, debe de ser independiente para generar confianza en la población porque cuando la institución es utilizada con fines políticos, en lugar de generar paz, seguridad jurídica, el Ministerio Público «contribuye a la desestabilización del sistema político y a la desconfianza de los ciudadanos en administración de justicia».
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Rodríguez dijo que es «urgente» tener una línea básica de aspectos para reflexionar acerca de los principales desafíos y los ejes sobre los cuales se debe «refundar» el Ministerio Público. Expediente Abierto propone nueve puntos para reformar la institución, entre ellos está modificar el nombrado de fiscal general y fiscal general adjunto a través de la creación de un «Consejo de Judicatura» que sea quien elija a las personas que ocuparán estos cargos, que se valore su trayectoria y liderazgo que no están reflejados en la hoja de vida.
Actualmente estas designaciones son propuestas por el presidente y ratificados por la Asamblea. El experto señala que esta dinámica «amarra al Ministerio Público y los usan para perseguir a los enemigos de la presidencia. Plantea prohibir la reelección en esos cargos y limitarlo a un periodo único de 5 años.
Eliminación de fiscales «adoctrinados»
El segundo punto recoge un proceso de depuración institucional e iniciar proceso de remoción de fiscales que persiguieron, levantaron cargos y presentaron acusaciones contra opositores y periodistas desde abril 2018.
«Tiene que tramitarse un procedimiento siguiendo el debido proceso para removerlos o cambiarlos a cargos donde sean menos dañinos. Convocar a un proceso de selección de nuevos fiscales, incluidos aquellos que fueron despedidos», afirmó. También se debería prohibir que aquellas personas que hayan sido miembros de la PN, Ejercito o Asamblea sean parte del nuevo Ministerio Público.
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También se plantea la creación de jurisdicción transicional que incluiría una reforma constitucional para lograr el proceso de justicia transicional en un periodo de 15 a 20 años. En este punto se estipula la investigación de los hechos desde abril 2018 por expertos internacionales y nicaragüenses para sentar responsabilidades.
«Jamás podemos confiar esa investigación al Ministerio Público ni a la Policía porque esas dos instituciones forman parte del aparato que han desestabilizado la democracia. Jamás podemos darle a ellos la posibilidad de investigarse así mismos», explicó.
En los nueve puntos, además se contempla el diseño y aprobación de políticas de priorización de casos donde el Ministerio Público debe concentrarse en los casos que dañan mayormente a la comunidad como corrupcion, trata de personas, violencia de género, lavado de activos y dejar otros casos que se resuelvan a través de mecanismos alternos como la mediación.
Creación de Policía Judicial
Otro punto es la creación de una Policía Técnica de Investigación o Policía Judicial que sería la responsable de resolver los delitos y que sea el Ministerio Público el que dirija la investigación. Este nuevo órgano debería tener tener independencia operativa a la Fiscalía General para evitar la manipulación.
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La propuesta señala que debe contar con un local estratégico, ejecutar un proceso de selección de detectives, asignarle los laboratorios de criminalística de la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal para tener todo «bajo un órgano técnico que sea responsable de esclarecer los delitos.
«Debe ubicarse estratégicamente en un local de mayor incidencia cuando se haga una Policía Judicial claramente de empezar un proceso de selección de detectives y si Marce y traer de la policía nacional los laboratorios de criminalística y quitarle a la corte suprema de justicia la dirección de medicina legal y ponerlo todo bajo un órgano técnico que sea el responsable de esclarecer los delitos
Funcionarios que respeten los DD. HH.
Además, la propuesta establece mejorar las competencias y habilidades de todos los funcionarios a través del diseño de programas de formación básica y de especialización, que tengan como eje el respeto a los derechos humanos y las habilidades de litigación oral ante las cortes.
«Actualmente el Ministerio Público posee una unidad de capacitación sin mayor incidencia en el desempeño institucional y que centra su accionar en el adoctrinamiento político partidario», señaló.
«Nada hacemos con tener fiscales que sepan hablar y presentarse bonito ante los jueces, necesitamos fiscales que tengan en su conciencia madura el respeto a los derechos humanos», aseveró Rodríguez.
Los puntos siete, ocho y nueve se basan en la creación de estándares de medición profesional, la asignación de un presupuesto institucional y la relación con la ciudadanía. Sobre el presupuesto institucional se recomienda modificar la Constitución y destinar un porcentaje específico al Ministerio Público.
Ministerio Público, sancionado por EE. UU.
El 15 de noviembre de 2021, Estados Unidos sancionó al Ministerio Público de Nicaragua, dirigido por la —ya sancionada por EE. UU.— fiscal general de la República, Ana Julia Guido, por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
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Además señala que basándose Ley 1055, Ley de Soberanía, el MP «ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense».
Otro de los argumentos que el gobierno de Biden tienen para sancionar a la institución pública de Nicaragua, es que en junio de 2021, la entidad utilizó la Ley 1055 para que la principal candidata presidencial de la oposición, Cristiana Chamorro quedara inhabilitada del proceso electoral.
«El Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año en el período previo a las simuladas elecciones de noviembre», agrega.
