La Arquidiócesis de Managua, por medio de la Comisión de Justicia y Paz, rechaza la persecución ejercida por el régimen de Daniel Ortega a sus religiosos y obispos. En una nota de prensa, la entidad católica segura que continuará denunciando las «estructuras sociales del pecado» y estará siempre acompañando «al pueblo, los pobres y los débiles».
«La iglesia siempre está presente en nuestras alegrías y también en nuestros duelos, enfermedades, pobreza, ausencia, soledad, temores y privaciones. Nos fortalece, pero su fuerza no está en el poder humano, que es temporal, ni en los bienes materiales, que son efímeros, sino en el poder de Dios que nos da el Espíritu Santo», expresa el comunicado número 30 de la iglesia católica.
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Advierte que, «la iglesia continuará anunciando el evangelio, denunciando las estructuras sociales de pecado, acompañando al pueblo, especialmente a los pobres y los débiles. La misión de la iglesia siempre provocará contradicciones en este mundo donde junto a la luz también existe la oscuridad del mal».
Los líderes católicos han fungido como mediadores ante la crisis social, política y económica que prevalece en Nicaragua. Ante su papel, el régimen ha lanzado una campaña de calumnias, ofensas, persecución política y hasta limitaciones económicas contra la Iglesia.
El sacerdote de la iglesia San Juan Bautista, de Masaya, Harvin Padilla, actualmente es víctima del asedio ejercido por Ortega, con patrullas policiales, coludidos con personas vestidas de civil. Durante la noche, desde el 14 de mayo, los alrededores de la iglesia están vigilados por antimotines. «Solo están ahí sin decir nada tomándote fotos y riéndose, algunos motorizados diciéndote golpista y diciéndote asesino pues no deja más que entrever que es un acoso psicológico», dijo el religioso en entrevista con Artículo 66.
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La situación ocurre días después que la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno, lanzara la amenaza de judicializar a sacerdotes. Los diputados aprobaron un informe en el que simpatizantes de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pidieron juzgar a los líderes religiosos y confiscar sus bienes por haber auxiliado a las víctimas de la represión de 2018, a quienes el régimen llama «terroristas».
Con 77 votos a favor, 11 en contra, cero abstenciones y tres presentes, los diputados aprobaron el informe final sobre el análisis de las normas jurídicas penales presentada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Hasta el momento el informe no ha sido convertido en ley.
Los religiosos aseguran que se mantienen preocupados por «la situación del país que amamos como hijos de Dios, como nicaragüenses y como cristianos. Nos unimos en oración para que Dios transforme los corazones duros en corazones sensibles, con amor al prójimo, libres de sentimientos que impiden la normalidad que conduzca una auténtica paz social», finaliza el comunicado.
