La delegación de Canadá ante el Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó convocar para este próximo viernes, 13 de mayo, a un consejo permanente para abordar la confiscación —el 24 de abril— de la sede las oficinas de esa entidad regional en Managua.
La noticia la dio a conocer el exembajador de Nicaragua ante el organismo regional Arturo McFields, quien denunció el 23 de marzo a Daniel Ortega, siendo su representante, por violador de los derechos humanos.
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«Se nos informa que esta solicitud cuenta con el copatrocinio de Antigua y Barbuda, Brasil, Grenada y los Estados Unidos…», agregó el exdiplomático nicaragüense este miércoles, 11 de mayo, a través de su cuenta de Twitter.
McFields Yescas afirmó que «la violación al derecho internacional, la Convención de Viena y a la propia Constitución de Nicaragua no puede quedar impune».
Repudio generalizado
El 27 de abril, los países miembros de la OEA denunciaron las acciones del régimen orteguista en contra de esa entidad regional. Algunas delegaciones como México, Bolivia, Guatemala y Argentina, que habían mantenido «neutralidad» o votación en sintonía con la dictadura de Nicaragua; exhortaron a Daniel Ortega a cumplir con los principios del derecho internacional.
En el caso de Guatemala, su representante Rita Claviere manifestó que «tanto la Asamblea General como el Consejo han dado seguimiento a la situación en Nicaragua desde el año 2018, procurando a través de múltiples resoluciones recordar los medios de colaboración y mecanismos que alcancen una solución pacífica a la crisis que enfrenta nuestro país hermano. Lamentamos la ocupación de sus oficinas, el apoderamiento de archivos y materiales de la sede diplomática que constituyen bienes inviolables».
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Por su parte, Bolivia, que se ha mantenido firme apoyando al régimen de Ortega en la OEA, consideró que «en este caso se ha violado el derecho internacional y rechazamos cualquier violación del derecho internacional, más allá de las consideraciones políticas».
El secretario general del organismo, Luis Almagro, reprochó ante el consejo permanente el cierre y ocupación ilegal de sus oficinas en Managua y la expulsión de sus funcionarios de la nación centroamericana. Señaló que esta situación «nunca había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región».
En respuesta a la denuncia de la OEA, el 28 de abril, la dictadura de Nicaragua informó, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), que tras la expropiación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicadas en Managua, ha procedido a entregar «formalmente» a sus funcionarios administrativos el mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias que estuvieron bajo «resguardo policial» desde el pasado 24 de abril.
La vicedictadora Rosario Murillo ya había anunciado que en el edificio donde estaban las instalaciones de la OEA funcionará el «museo de la infamia». Por su parte, el dictador Daniel Ortega, durante un acto celebrado el 30 de abril, por la conmemoración de la muerte de Tomás Borge y por el Día del Trabajador, despotricó contra el organismo regional y dijo que la Policía llegó a resguardar el edificio no a robárselo.
