Walter Gómez y Marco Fletes fueron los primeros secuestrados por el régimen de Nicaragua en la más reciente cacería de opositores de cara a las elecciones «ilegítimas» de Daniel Ortega y Rosario Murillo en noviembre de 2021. Los extrabajadores administrativos de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) fueron detenidos el 28 de mayo de ese año, en menos de 20 años cumplirán un año cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote».
Ambos fueron sentenciados a 14 años de prisión por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, esto mediante un maratónico juicio en el que también condenaron a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro.
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Ambos prisioneros del régimen fueron beneficiados de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la resolución 49/2021 emitida el 24 de junio de 2021.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió la libertad inmediata de los exfuncionarios asegurando que las multas impuestas a los acusados, de C$56 millones y US$1.6 millones, son «imposibles de pagar y si se llegaran a conmutar equivaldrían a prisión perpetua». Durante el juicio, que según los abogados defensores estuvo plagado de irregularidades y nulidades, desfilaron una serie de testigos en su mayoría policías y algunos periodistas de medios oficialistas.
El proceso judicial inició el tres de marzo y culminó el viernes 11, se celebró en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote», donde también están cautivos más de 30 rehenes de conciencia.
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Walter Gómez, quien laboraba como contador de la FBVCH, fue sacado de su casa por efectivos de la Policía al servicio dé la dictadura de Daniel Ortega. Según su esposa, María Consuelo Céspedes, una patrulla policial se presentó a su casa, aproximadamente a las seis de la tarde y sin mostrar ninguna orden judicial de captura o allanamiento obligaron a los habitantes del inmueble a abrir las puertas e irrumpieron para sacar por la fuerza al ciudadano y llevárselo.
En cuanto a Marco Fletes, quien fungía como administrador financiero, sus familiares denunciaron que un grupo de civiles armados lo interceptó cuando salía de una casa en un barrio de Managua, donde se resguardaba, lo lanzó al piso con violencia y luego lo llevó hasta un microbús que esperaba a unos metros del lugar de la captura y procedieron a llevárselo.
