El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha desmantelado cerca de 200 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, en el marco de la crisis que atraviesa el país, en un intento de silenciar las voces de las organizaciones que no puede controlar y en su “obsesión” de permanecer en el poder, valoró la socióloga y activista feminista María Teresa Blandón.
“La clausura de tantas organizaciones de la sociedad civil, en un plazo récord, forma parte de una estrategia deliberada del régimen Ortega Murillo (pareja presidencial) por desmontar cualquier forma de participación ciudadana que no esté bajo su control, es decir, es un intento por desarticular a la ciudadanía”, señaló la también directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, una de las 50 ONG ilegalizadas el miércoles.
En entrevista con Efe, la socióloga y feminista que un día apoyó la revolución sandinista dijo que “el régimen Ortega Murillo, en su afán de control totalitario, le parece que es un peligro, para su permanencia en el poder, la existencia de organizaciones que tienen sus propias prioridades”.
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Por tanto, consideró, recurren a “desmontar cualquier forma de participación ciudadana que no esté bajo su control” con el fin de mantener un control absoluto” en Nicaragua.
“Los anula porque no los puede controlar, porque en su obsesión de control absoluto (piensa que) quien no se somete a sus lineamientos, a sus mandatos, no tiene derecho a existir”, razonó.
Busca reforzar “control clientelista”
Blandón argumentó, además, que el Ejecutivo ilegaliza esas ONG para “reforzar las lógicas de control clientelista con las que este gobierno se ha relacionado con la gente desde su retorno al poder hace ya 15 años”.
Observó que las ONG han sido clausuradas no necesariamente por “ser críticas al régimen Ortega Murillo, aunque algunas sí lo eran directamente, pero bastaba con que no estuviesen bajo el control del régimen y que no estuvieran dispuestas a repetir el discurso oficial” para ser anuladas.
Entre los organismos ilegalizados, según Blandón, se encuentran ONG que se dedicaban al desarrollo comunitario “que resolvían demandas de la ciudadanía donde el Estado no está o que no ha estado presente de una manera integral y sistemática para atender las demandas de los grupos más discriminados, pobres, y excluidos”.
“Las anula porque no quiere ningún tipo de competencia en ningún ámbito, porque no quiere ninguna forma de participación que no sea la que está orientada en esta lógica en la que se confunde el Estado, con un partido y peor aún con los intereses de una sola familia, en este caso los Ortega Murillo”, consideró.
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Además, anulan esas ONG “porque quiere que la gente, y particularmente la de los sectores más discriminados, dependan única y exclusivamente de las políticas clientelaresOrtega anula ONG fuera de su control por “obsesión” con poder, dice activista que lleva a cabo el régimen”, añadió.
“Recurren a subterfugios”
A juicio de Blandón, la lógica de Ortega es “reforzar el control absoluto, imponer su propio discurso, su propia narrativa, e impedir cualquier forma de organización autónoma de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses”.
Sobre el argumento esgrimido por el Gobierno para cancelar la personalidad jurídica a las ONG, la socióloga dijo que “el régimen utilizó esta falsa narrativa de acusarlas a todas por parejos o de golpistas o de lavadoras de dineros” tras el estallidos social de abril de 2018, “y ambas acusaciones no tienen ningún absolutamente ningún fundamento”.
Sobre el otro argumento de que las ONG no presentaron su documentación en regla, Blandón lo calificó de “pretexto, porque hay muchísimas organizaciones, con documentos en mano, que han demostrado y han ido una y otra vez al Ministerio de Gobernación a tratar de presentar su documentación y el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir esa documentación, es decir, es una trampa”.
“Y un gobierno que recurre a esos subterfugios no puede ser un gobierno responsable ni creíble ni para la ciudadanía nicaragüense ni para la comunidad internacional”, apuntó.
En el caso de ONG La Corriente, la feminista comentó que fue ilegalizada por denunciar, desde que Ortega retornó al poder en 2007, “la falsa retórica del régimen” y “la manipulación que han hecho con las mujeres, sobretodo con la de los sectores más pobres, y la falta de compromiso con los derechos de las mueres”.
