El dictador Daniel Ortega nacionalizó a Dolores Ivett Sánchez Villalta, hija del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, prófugo de la justicia de su país y a quien también Ortega le regaló la nacionalidad en julio de 2021.
Según Migración, la hija de Sánchez Cerén, de 43 años, «ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política para adquirir la nacionalidad nicaragüense, por ser centroamericana de origen y tener residencia en el país».
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Ortega le ha regalado, de manera exprés, la nacionalidad a sus «amigos», Sánchez Cerén y Mauricio Funes, así como a familiares de ambos. Los salvadoreños estarían gozando de megasalarios en Nicaragua, mientras El Salvador los requiere por diversos delitos, incluido, lavado de dinero.
Las autoridades migratorias de la dictadura de Nicaragua negaron la entrada al país del catedrático costarricense Carlos Sandoval. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) denunció que el académico intentó ingresar por el puesto fronterizo de Peñas Blancas el pasado 31 de marzo, donde los servidores del régimen le pidieron información considerada confidencial.
La organización reprochó que le negaran el ingreso «con la burda excusa de no dar los nombres de todos los conocidos que Sandoval tiene en Nicaragua». Los miembros del Instituto de Prensa destacaron «que la libertad de tránsito es una libertad inherente al ser humano y constituye un medio para el ejercicio pleno de la libertad de expresión».
Al menos 400 religiosos denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y demandaron la liberación de los presos políticos. En una carta abierta dirigida a las autoridades del régimen, líderes de diferentes religiones, establecidas en Estados Unidos, indicaron que la liberación de los reos políticos sería «un paso importante para lograr tranquilidad y la paz», a través de la justicia.
Firmaron la carta líderes católicos, episcopales, judíos, protestantes, musulmanes, budistas, hindúes y otras tradiciones religiosas, que se proclamaron «personas de fe», y alzaron su voz en este tiempo de oración.
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Tirso Celedón, el nuevo directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) que Ortega colocó por un periodo de 5 años, es un personaje vinculado a la ejecución de millonarios préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social destinados a desarrollos inmobiliarios, algunos de lujo que terminaron fracasando y deteriorando más las finanzas del INSS.
Según investigaciones periodísticas, el empresario es una «ficha» de Ramiro Ortiz Gurdián, director del Banco de la Producción (Banpro), entidad bancaria que le ha manejado cuentas al régimen sandinista. Tirso Celedón también dirigió el banco sancionado Bancorp, y ahora estaría encargado de mantener activa la comunicación con la pareja dictatorial desde el Banco Central.
Los países de la ONU decidieron suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los abusos que está cometiendo en Ucrania.
A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre las naciones latinoamericanas que respaldaron la medida se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Uruguay. Los únicos votos en contra fueron Nicaragua, Bolivia y Cuba. El Salvador, México y Brasil optaron por la abstención.
En lo que va de abril de 2022, a cuatro años de la rebelión cívica en Nicaragua, los discursos de odio por parte de la vicepresidenta ilegítima, Rosario Murillo, han incrementado contra la oposición, la Iglesia católica y el periodismo independiente.
En su monólogo telefónico de este jueves, Murillo se atrevió a alterar la letra de algunas estrofas del Himno Nacional para incluir su violencia contra los opositores. También atacó a los presos políticos, en particular, Lesther Alemán.
La portavoz del régimen de Daniel Ortega ha dicho que este mes es para «celebrar la paz que tanto hemos defendido y que la seguiremos defendiendo», lo que sus oponentes asumen como una advertencia de incrementar un Estado policial y parapolicial ante cualquier intento de manifestación.
