Un grupo de 38 eurodiputados exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de todas personas políticas y el cambio de régimen carcelario a «prisión domiciliaria» para los presos políticos de 60 años o más por el grave deterioro en su salud a causa del encierro prolongado.
La demanda de los parlamentarios europeos fue enviada a la dictadura, a través de una carta, donde expresan su «preocupación por el deterioro e inaceptable situación de los derechos humanos en Nicaragua».
«Estamos sumamente preocupados por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de detenciones arbitrarias, hostigamientos, tratos inhumanos y degradantes y condiciones que en algunos casos equivalen a tortura, en violación del derecho internacional (y) de los derechos humanos», señala el documento enviado al dictador.
Noticia relacionada: Hija de Miguel Mendoza cumple ocho años: «Mi único deseo es poder verte y abrazarte», le dice a su padre
«Estamos profundamente conmocionados por la muerte el 12 de febrero 2022 de Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en El Chipote», agrega.
Las condiciones de detención
Los eurodiputados destacan que las condiciones de detención de todas las personas presas políticas deben respetar las reglas mínimas estándar de las Naciones Unidad para el tratamiento de los presos, conocidas como reglas Mandela.
«Exigimos atención médica inmediata e instamos a la acción humanitaria para todos los presos con condiciones graves de salud. Exigimos la concesión de la prisión domiciliaria a todas las personas mayores de 60 años de edad. Hacemos un llamado a garantizar condiciones dignas de detención», exhortan.
Abogan por visitas regulares
En la carta enviada al dictador nicaragüense también hacen un llamado a crear un calendario de visitas familiares para los presos políticos y que los niños y niñas puedan ver a sus madres y padres que están detenidos.
«Escuchamos que los hijos e hijas menores de edad han sido restringidos de cualquier contacto con sus padres y madres, lo cual no es aceptable y es una grave amenaza para su desarrollo. Como estado signatario, Nicaragua está obligada a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos», afirman.
«En aras de la dignidad humana y por un futuro próspero para Nicaragua y su pueblo, le exhortamos a cumplir con las obligaciones de derechos humanos que su país ha suscrito», finalizan.