La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) demandó al régimen de Nicaragua a que cumpla con lo suscrito el 27 y 29 de marzo de 2019, relativos a la facilitación del proceso de liberación de las personas presas políticas y el acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.
El bloque opositor hizo énfasis en que han transcurrido tres años, pero el dictador Daniel Ortega no cumplió, más bien ha respondido con más represión y ha encarcelado a más opositores, entre los que están algunos dirigentes que participaron en la mesa de negociación.
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En la firma de los acuerdos en 2019, estuvieron presentes el doctor Carlos Tünnermann Bernheim, el empresario Mario Arana Sevilla, y los actuales presos políticos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri , Max Jerez y José Pallais.
La ACJD reprochó que en vez de que el régimen orteguista honrara su palabra y su firma, «más bien ha profundizado su deriva autoritaria, violando sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía, tal y como lo han documentado e informado la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)». Ortega
«Tan grave son las violaciones, que los organismos internacionales afirman que desde el Gobierno se han cometido delitos de lesa humanidad», agregó el grupo opositor.
Recalcan que a consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del gobierno sandinista, la crisis nacional se ha intensificado, ocasionando que miles de nicaragüenses abandonen el país «en busca de oportunidades y seguridad».
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Según el exdiplomático Carlos Tünnermann, los acuerdos con el Gobierno nicaragüense fueron fundamentales y surgieron de «una larguísima discusión (…) Gracias a ese acuerdo, y teniendo como testigos a integrantes de la OEA y al nuncio apostólico, salieron más de 600 presos políticos, aunque el Gobierno los hizo salir por medio de una amnistía, para darse también una amnistía, lo cual no era lo acordado».
Los integrantes de la Alianza Cívica señalaron que en vez de liberar a opositores, el régimen tiene cautivos a más de 170 nicaragüenses, «únicamente por expresar su pensamiento y por desear un país libre y democrático».
«El gobierno sigue reprimiendo el derecho de la ciudadanía a manifestarse pública y cívicamente. Sigue cerrando y confiscando medios de comunicación. No protege a la ciudadanía de las dificultades derivadas de la crisis política y la pandemia, más bien la reprime, maltrata y abusa de ella», denunciaron.
«Por cada día que el gobierno Ortega-Murillo se niegue a cumplir esos acuerdos, solo empeorarán la crisis de la sociedad nicaragüense. ¡Cumplan los acuerdos de marzo de 2019! ¡Libertad para los presos políticos!», concluyeron.
