Nicaragüenses exiliados en Costa Rica realizaron a un plantón en las afueras de las Plaza de la Cultura, en San José, para denunciar los «juicios ilegales» orquestados por el régimen de Nicaragua, en contra de los opositores encarcelados, en su mayoría, en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote». Demandan que los procesos judiciales «sean anulados».
La protesta fue liderada por miembros de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Este plantón se realizó el mismo día en que se llevan a cabo los juicios contra los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz; los líderes opositores Violeta Granera, Tamara Dávila y José Pallais, y el empresario José Adán Aguerri.
Noticia relacionada: Opositores protestan en Costa Rica contra «juicios amañados» del régimen de Nicaragua
Los ciudadanos exiliados también denunciaron y demandaron justicia ante la comunidad internacional por la muerte del general en retiro Hugo Torres. quien se encontraba detenido por el régimen desde el 13 de junio de 2021, luego que agentes policiales lo trasladaran a el Chipote para luego acusarlo por el supuesto delito de «conspiración a la patria». El 12 de febrero se conoció de su deceso en el Hospital Roberto Huembes, propiedad de la Policía orteguista tras ser ingresado de forma secreta por afectaciones en su salud.
El plantón a su vez tenía como objetivo demandar a la comunidad internacional pronunciarse al respecto y exigir al régimen la liberación de los presos políticos. «Son juicios amañados solamente por ser voces críticas al gobierno sin permitirles siquiera el derecho a la defensa», reprocharon los nicaragüenses.
Noticia relacionada: «Hugo Torres ha fallecido preso y criminalizado arbitrariamente», lamenta Antonia Urrejola
Los presos políticos son señalados de «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional». Según la información publicada por el diario La Prensa todos serán juzgados juntos, en un solo juicio, porque crearon un grupo de WhatsApp en el que supuestamente, «participaban» del delito que les imputan.
Organismos defensores de derechos humanos han denunciado estos juicios como «una venganza política contra las voces disidentes al régimen Ortega-Murillo» y han demandado que se detengan estos procesos por considerarlos «ilegales», pues aseguran violan los derechos de las personas encarceladas.
