Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), juramentó y oficializó la toma de posesión a las nuevas autoridades académicas de la Universidad Nacional Politécnica (UNP), nuevo nombre que impuso el régimen de Daniel Ortega a las instalaciones donde funcionaba la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) luego de confiscarla el tres de febrero.
La imposición se dio la mañana de este jueves, 10 de febrero, desde las instalaciones de la extinta Upoli. «En correspondencia con el capítulo II de la Ley No. 1109, referida a la Organización y Gobierno, el Consejo Nacional de Universidades designa a las autoridades académicas superiores de la Universidad Nacional Politécnica (UNP)», detalla una breve publicación en la página de Facebook del CNU.
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El régimen de Ortega y Murillo colocó a la máster Lilliam Lezama, como rectora de la UNP, al máster Henry Balmaceda, como vicerrector general de esa casa de estudios superiores.
El Consejo Nacional de Universidades también ubicó a la máster María Alejandra Martínez, como secretaria general de la ahora Universidad Nacional Politécnica.
Trabajadores «en el limbo»
Una fuente interna de la ahora UNP dijo a Artículo 66 que se les informó que tenían que estar presentes en la toma de posesión de las nuevas autoridades de la universidad. «No dijeron que era obligatorio, pero en las condiciones actuales, qué se puede pensar», señaló.
En cuanto al futuro de los trabajadores administrativos y personal docente, la fuente en condición de anonimato expresó que no se ha abordado sobre la estabilidad laboral, «por lo que en lo muy personal aún estamos todos los trabajadores en el limbo y con incertidumbre».
Este medio de comunicación conoció que el CNU intervino oficialmente la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) desde el viernes, cuatro de febrero. La junta interventora del CNU organizó una reunión con todo el personal administrativo para notificarles la forma en que continuarán trabajando, reveló una fuente extraoficial a Artículo 66.
Durante el encuentro, el entonces rector de la Upoli, Norberto Herrera, le aseguró a los docentes y trabajadores de la casa de estudios que habrá «estabilidad laboral» y luego se retiró del recinto central en Managua. El «interventor» del CNU dijo al personal que «el programa continúa y ahora se llamara “Proyecto de continuidad educativa ante Upoli”. Fue una reunión informativa con la junta interventora del CNU», dijo la fuente.
«Descabezada» por orden del Ejecutivo
El dos de febrero, la Asamblea Nacional, dominada por el régimen Ortega-Murillo, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de cinco universidades privadas: Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanístico (UNEH), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
Según la propuesta de cancelación discutida y aprobada por el Parlamento, las organizaciones no cumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, lo cual «promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos».
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La Upoli fue uno de los bastiones de la rebelión cívica de 2018. Desde el 19 de abril fue tomada por los estudiantes como símbolo de protesta por la reforma al seguro social aprobada por la dictadura Ortega-Murillo. Los jóvenes repelieron los ataques de paramilitares y policías que intentaron sofocar la manifestación a sangre y fuego.
Ante estas acciones por parte del régimen de Nicaragua, estudiantes de la Upoli exigieron a Daniel Ortega regresar la legalidad a su universidad, sin embargo su llamado no hizo eco, porque la dictadura impuso su decisión.