El analista político y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), José Antonio Peraza, fue declarado culpable por supuesta conspiración. La Fiscalía orteguista solicita 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Peraza lleva 199 días en prisión.
La dictadura de Nicaragua lo acusa de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, la que sirve como una herramienta jurídica aprobada por los diputados del régimen para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores de Ortega y Murillo.
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El fallo contra el preso político estuvo a cargo del Juez 4to Distrito Penal de Juicios Ángel Jancarlos Fernández González. La Unab ha solicitado que se anulen los procesos en su contra, aseguran que Peraza «no ha cometido ningún delito».
«Pedimos que se les exculpe, dado que los cargos bajo los que han sido acusados no pueden ser demostrados y están basados en figuras legales que han sido creadas por el régimen para criminalizar cualquier tipo de disenso», expresó este nueve de febrero la integrante de la Unab, Alexa Zamora, en entrevista con Artículo 66.
Peraza fue detenido la noche del 26 de julio en su casa. El dirigente opositor había comparecido esa mañana en un programa del canal 10 de televisión donde habló sobre la situación política del país y el actual proceso electoral que organizaba el régimen. Según algunas fuentes, habría sido apresado durante un operativo policial ejecutado en su vivienda, en la ciudad de Managua.
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Peraza es politólogo, especialista en sistemas políticos y electorales, con un máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo (GPRE) y se ha declarado un ciudadano comprometido con la libertad de Nicaragua. Desde el GPRE ha insistido que la dictadura debe impulsar reformas electorales profundas para que puedan realizarse elecciones libres y democráticas.
Estados Unidos había denunciado que el régimen encarceló a Peraza por denunciar la situación democrática y las violaciones a los derechos humanos en el país. «Peraza fue detenido por criticar la subversión del régimen al proceso electoral de Nicaragua», expresó mediante un tuit la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del país norteamericano.