Nicaragua sigue siendo el país más corrupto de la región centroamericana y el segundo en Latinoamérica, después de su aliado Venezuela. Así lo confirma el más reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 publicado por la organización Transparencia Internacional (TI). El estudio clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).
La organización de sociedad civil identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones rojas. Nicaragua es el tercer país no democrático más corrupto de América —los otros dos son Venezuela y Haití—, según el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021.
Según el informe, Nicaragua, con una puntuación de 20 /100 ha caído nueve puntos en los últimos 10 años, consolidándose como la tercera dictadura de la región a través de un proceso electoral ilegítimo, abusos sistemáticos a los derechos humanos y una concentración absoluta del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El informe señala que «hoy, Nicaragua carece de la transparencia y los controles sobre el poder ejecutivo que requiere para controlar la corrupción». Por lo anterior se afirma que que tanto la democracia como la lucha contra la corrupción están en su punto más bajos si se le compara con los demás países de Centroamérica.
Corrupción, derechos humanos y democracia
Por otra parte, se destaca que al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atascados. «No se trata de una coincidencia. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de COVID-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad», detalla.
De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45.
La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina subrayó que la baja puntuación que ha obtenido Nicaragua en el Índice de Percepción de la Corrupción se debe a que el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido con las recomendaciones dadas por Transparencia Internacional.
«El año pasado (en referencia a 2020), Transparencia Internacional había realizado algunas recomendaciones, entre ellas estaba que —el Estado de Nicaragua— tenía que reforzar los organismos de supervisión, elaborar procesos de contrataciones abiertos, defender la democracia, fomentar los espacios públicos, publicar datos pertinentes y accesibles, pero ninguna de las recomendaciones fueron por la administración pública Ortega Murillo», enfatizó.
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«Nunca se había visto un puntaje tan decadente —de Nicaragua— como el reflejado para el 2021, porque lo que hace Transparencia Internacional es evaluar el año anterior. Entonces la caída que tuvo Nicaragua fue de menos dos puntos respecto al año 2020». explicó la jurista.
Molina señaló que mientras pasan los años, bajo la administración de los Ortega y Murillo señalados de corruptos y violadores de derechos humanos, «las instituciones públicas de Nicaragua se llenan de más corrupción».
Transparencia Internacional recomienda que ante la grave situación en la región, la comunidad internacional debe apoyar a la sociedad civil, activistas, periodistas independientes y denunciantes.
«De manera similar, los países donantes y las agencias de crédito multilaterales y regionales deben fortalecer su evaluación de la corrupción y el respeto por los derechos humanos al otorgar préstamos. También deberían exigir transparencia en los proyectos financiados internacionalmente y el establecimiento de mecanismos de seguimiento independientes», concluyó.
Los países mejor puntuados a nivel mundial son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, y los peores, Somalia, Siria y Sudán del Sur. En Latinoamérica, se ubican con una mediana puntuación, Uruguay y Chile, y en Centroamérica, Costa Rica y Panamá.
Desde el 2018, el Gobierno de Daniel Ortega es tildado por organismos internacionales de violar los derechos de los nicaragüenses. Actualmente, tiene encarcelados a más de 160 presos políticos y ha encrudecido la represión contra periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, provocando así el exilio de decenas de nacionales.