El observatorio de derechos humanos Human Rights Watch presentó un informe titulado «Nicaragua, Eventos de 2021» en el que explica cómo Daniel Ortega desmanteló los controles institucionales al poder presidencial, con lo que logró su cuarta reelección consecutiva. El organismo registró las severas violaciones a la libertad de expresión, de prensa, de asociación y la evidente discriminación política.
Además de documentar cómo Ortega se atornilló en la Presidencia de la República en medio del desconocimiento internacional, el informe también denuncia los atropellos en contra de los presos políticos.
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Durante el 2021 se cometieron graves restricciones a la Libertad de Prensa, casi el doble de lo observado en el año 2020, confirma el reciente informe elaborado por el diario La Prensa. El medio de comunicación señala que en el año electoral se registraron 702 incidentes de abuso del poder estatal, una cifra similar a los sucedidos en el año 2018.
El 90% de los casos de agresión los ejecutaron más de 600 agentes estatales, y según las víctimas, en muchos participaron agentes paraestatales, quienes tienen una coordinación evidente y gozan de la protección del régimen. Además de las agresiones, en el 2021 también se registró la persecución judicial y los allanamientos ilegales en contra de medios de comunicación y periodistas independientes.
Mohsen Rezai, el funcionario iraní señalado de participar en un acto terrorista contra la comunidad judía en Argentina, cometido en 1994, aún se encuentra en Managua, y le ofreció una virtual protección a Daniel Ortega ante las supuestas «amenazas de Estados Unidos».
La pareja en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo, desestimó las críticas de Argentina e Israel y decidió presentar en televisión abierta su cercanía con Rezai, quien funge como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. En la reunión, el supuesto terrorista se hizo acompañar de una delegación de al menos seis funcionarios de su país.
El miércoles, 12 de enero, el régimen informó que ambos países aprobaron un acuerdo de cooperación que abarcaría temas científicos y educativos, entre otros, el cual aún se trabaja y del que se desconocen los detalles. Al encuentro con Ortega y Murillo también asistieron los sancionados Laureano Ortega Murillo y el ministro de Haciendo Iván Acosta.
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La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del comisionado para el monitoreo y el antisemitismo, Fernando Lottenberg, le reclamó al régimen de Nicaragua que, como país miembro de Interpol, advierta que Rezai está en el país y active la «alerta roja» para ser capturado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, compartió el pronunciamiento del comisionado por ser un recuerdo de la deuda de Irán con las víctimas del atentado.
Por su parte, Argentina responsabilizó a la Interpol por la captura del señalado, y justificó a su embajador en Managua, Daniel Capitanich, quien participó en el acto de investidura de Ortega junto con el iraní.
Nicaragua pudo alcanzar hasta 30 mil muertes por COVID-19, reveló el artículo publicado el medio británico The Economist, y titulado «el verdadero número de muertos por la pandemia».
El diario estima que la tasa de decesos pudo ser 137 veces mayor a la reportada por el Ministerio de Salud (Minsa), y detalla que en el país hubo entre 10,000 y 30,000 decesos, una cifra muy por encima a los 218 fallecidos que asume el Estado. The Economist utilizó la metodología del exceso de mortalidad para ofrecer ese cálculo, revelando que a nivel mundial hubo más decesos por COVID-19 que los admitidos oficialmente. Países como Nicaragua, Sudán del Sur, China, Burundi, Tanzania y otros, cuentan con un alto subregistro.